El señalamiento del ejecutivo de una prestigiosa organización no gubernamental, de que para proteger una propiedad inmobiliaria pública se requiere traspasarla al control privado, obliga a reflexionar sobre el rol que debe asumir el Estado para salvaguardarse a sí mismo ante el acoso de la corrupción o prevaricación.
Los causales que sirven de base a la donación, venta o traspaso de un bien público al dominio privado están señalados en la ley, así como las calidades jurídicas del ente estatal para proponer y aprobar esa operación, pero lo que llama la atención es la afirmación de que la propiedad gubernamental sobre un bien genera incertidumbre.
Instituciones públicas y privadas asumen con altos índices de eficiencia y transparencia importantes programas de responsabilidad social con elevado impacto sobre aspectos trascendentes relacionados con la promoción de equidad social, pero no pocas entidades corporativas o estatales incumplen preceptos éticos o fiscales en la administración de esas gestiones de promoción cívica.
La sociedad aplaude el desempeño de organizaciones no gubernamentales como la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Fundación Sur Futuro, y del ámbito oficial como el programa Progresando o los Comedores Económicos, clara señal de que en ambos litorales pueden ofrecerse garantía de altos estándares de gestión.
No resulta saludable pretender aislar o limitar la corrupción solo en el Estado o en el Gobierno, como tampoco sería razonable asignar la exclusividad de buenas prácticas administrativas al sector privado, porque ambos litorales comparten en mayor o en menor medida, lo bueno y lo malo.
La gestión de riesgo o prevención de prevaricación, prácticas desleales corporativas o inobservancias administrativas o éticas conllevan similares cuotas de responsabilidad, obligación y deber de los liderazgos públicos y privado, bajo la obvia tutela del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Frenar la prevaricación en el Gobierno todavía es tarea pendiente, pero debería admitirse que en la mayoría de las veces el corrupto camina de manos con el corruptor, por lo que el compromiso debe ser combatir ese mal en cualquier parte de la anatomía pública o privada donde haya hecho metástasis.
El Gobierno y el Congreso deberían sentirse aludidos con lo advertido por el CEO corporativo, de que para proteger una propiedad pública inmobiliaria se requiere traspasar su propiedad a una institución del dominio privado. La sociedad toda debería también reflexionar sobre el alcance de esa fatídica advertencia.
