El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Roberto Dargam Espaillat, expresó su desacuerdo con la decisión del presidente Luis Abinader de detener todas las actividades mineras vinculadas al proyecto Romero, en la provincia de San Juan.

Dargam, a través de una publicación en su cuenta en X (antes Twitter), reconoció que el mandatario se ha caracterizado por una “vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía”, dijo.

No obstante, manifestó su desacuerdo con la medida de Abinader de paralizar los proyectos mineros en esa zona, al considerar que esta genera interrogantes sobre el respeto institucional basado en evidencia.

“… Estoy en desacuerdo con la detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero, pues plantea interrogantes sobre la necesidad de resguardar procesos institucionales claros y basados en la evidencia. El potencial de una minería responsable en República Dominicana es inmenso y posible con equilibrio social, ambiental y económico”, subrayó Dargam.

El dirigente empresarial también sugirió que el debate de la minería en el país debe centrarse en garantizar reglas claras y sustentadas en criterios técnicos.

La posición del Conep introduce un nuevo elemento en la discusión sobre el Proyecto Romero, que ha generado tensiones entre sectores empresariales, ambientales y comunitarios en San Juan: resguardar procesos institucionales claros.

Mientras el Gobierno ha defendido la suspensión como una medida preventiva, actores del sector privado abogan por una evaluación más amplia que permita determinar la viabilidad del desarrollo minero bajo estándares sostenibles.

El tema continúa en el centro del debate público, en un contexto donde confluyen intereses económicos, preocupaciones ambientales y demandas sociales sobre el modelo de desarrollo en la región.

La empresa Gold Quest, que lidera la exploración de los yacimientos metálicos en esa provincia, ha catalogado la demarcación como un “distrito minero”, según su criterio, por el potencial que tiene en oro, plata y cobre.

Sin embargo, ciudadanos del “granero del sur” y gran parte de la sociedad dominicana han rechazado la iniciativa minera bajo el lema “Agua sí, oro no”. Consideran que podría afectar recursos vitales como el agua, la fauna y la flora, como ya ha ocurrido en otras provincias del país, dejando pasivos ambientales.

El jefe de Estado explicó que la decisión se fundamenta en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, al señalar que un proyecto de esta naturaleza no es viable si enfrenta un rechazo amplio de la población.