El Gobierno ha puesto en venta el 50% de la propiedad de la central termoeléctrica de Punta Catalina por US$2,125 millones, de los cuales el comprador deberá pagar deudas por US$1,750 millones y otros 375 millones de dólares en adquisición de acciones, lo que parecería un buen negocio o una historia color de rosa.
Lo primero que debería confirmarse es si la construcción de esas plantas generó el monto de endeudamiento que estima su administrador, Jaime Aristy Escuder, toda vez que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirma que la obra fue financiada básicamente con dinero del presupuesto nacional.
Sería conveniente que el Ministerio de Hacienda ilustre a la ciudadanía sobre el tipo de deuda contraída por el Gobierno, así como identificar a sus acreedores y formas concretas de esos empréstitos o líneas de crédito y, obviamente, el monto real, incluido capital e intereses.
Hace sentido lo señalado por Aristy Escuder, de que el Gobierno optó por procurar recabar ahora el dinero del beneficio por operación de Punta Catalina y no a lo largo de 40 años, aunque valdría la pena preguntar ¿cuál sería la panacea que identificarían quienes opten por concretar la compra?
Se define como razonable el criterio expuesto por el funcionario de que el principal interés de las autoridades al embarcarse en la construcción de Punta Catalina fue el de sumar al sistema un 35% de generación de energía eléctrica a precios sumamente razonables, aunque ese propósito no resta importancia al destino que se le daría a esa central.
Falta también saber si esa operación de venta no lesiona el otro propósito no menos importante que sería el de reducir drásticamente el déficit operativo de las empresas distribuidoras, por el cual el Gobierno debe transferir anualmente un estimado de más de 500 millones de dólares al subsector eléctrico.
El ejercicio matemático del licenciado Aristy Escuder arroja que con la puesta en operación de Punta Catalina, el valor del kilovatio en el mercado spot se reduciría de entre 20 y 22 centavos de dólar a menos de diez centavos, pero lo que todavía falta por esclarecer es la aritmética empleada para afirmar que con esa venta se recuperarían los US$2,350 millones que invirtió el Estado en esas plantas.
El Gobierno está compelido a informar con meridiana claridad todo, absolutamente todo lo relacionado con la posible venta del 50% de Punta Catalina, sin ningún tipo de escaramuzas matemáticas ni historias pintarrajeadas, porque esa central termoeléctrica ha salido de las costillas de los contribuyentes.
