Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), consideró que la voluntad política de las actuales autoridades para reformar la Ley General de Educación 66-97, crea la oportunidad para que los principios y compromisos debatidos y legitimados por la sociedad dominicana en el proceso de construcción colectivo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, cobren fuerza de Ley.
Conforme a la organización, la nueva normativa deberá constituirse en una ley flexible de cumplimiento rígido, a diferencia de la ley vigente que se ha caracterizado por ser un estatuto rígido de cumplimiento flexible.
Opina que toda revisión de la Ley General de Educación, así como de la legislación complementaria, debiera eliminar privilegios, prerrogativas, y cualquier beneficio para los diferentes actores vinculados con el sistema educativo, con la salvedad de aquellos que surjan de los talentos y virtudes demostrados en instancias objetivas y competitivas.
Ahora bien, se excluye de esta máxima únicamente al cargo de ministro de Educación, que debe ser designado por el presidente de la República conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la Constitución Nacional.
Las reflexiones de Educa son recogidas en la Nota Técnica, Reforma de la Ley General de Educación: consideraciones para cumplir con un compromiso pendiente, publicada esta semana bajo la firma de Darwin Caraballo, director ejecutivo de la entidad.
