Es la manera que estamos usando de perpetuar el adulto-centrismo, asimétrico, discriminador, injusto, determinando que las personas adultas somos superiores a la niñez, la adolescencia y la juventud, y aplicando sobre ellas comportamientos y acciones que ignoran sus derechos. Y los derechos de los niños, niñas, adolescentes, han sido regulados desde hace muchos años.
Precisamente, el año pasado a nivel mundial fue el centenario de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, que, en 1924, reconoció y afirmó los derechos de los niños y niñas, junto con la responsabilidad de las personas adultas hacia ellos y ellas, como primer texto histórico.
El 20 de noviembre de 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño, basada en la de 1924, reafirmando diez principios universales de cumplimiento obligatorio para la comunidad internacional. Y en 1989, se aplica el Tratado Internacional llamado Convención sobre los Derechos del Niño, a través del cual se enfatiza que niños y niñas tienen los mismos derechos que las personas adultas, subrayando los que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial.
Y ahí entramos porque en República Dominicana, esta última Convención tiene rango constitucional y se operativiza en nuestra Constitución y leyes sustantivas, como la Ley 136-03, que es el Código de NNA en el país y dispone especialmente sobre el derecho a la integridad personal de los y las menores. Así como la Ley 285-04, de Migración.
De hecho, también hay acuerdos migratorios internacionales, aplicados en nuestras leyes y protocolos, sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes e indocumentados, y de mujeres en cualquier estado de gestación, con protocolos claros establecidos para protegerles.
Todo este preámbulo es recordando lo sucedido en Dajabón, donde la máxima autoridad local y civil, acaba de sacar a varios menores haitianos que se encontraban el parque, asegurándose de que fueran enviados a Haití, y no de buena manera, quedando todo grabado y difundido en las redes.
En ese sentido, el Consejo Nacional para la niñez y la Adolescencia, Conani, como órgano rector del sistema de protección de ellos/as en el país, estableció que el funcionario local violentó todos los procedimientos.
Cuánta falta de amor, del pregonado “cristiano”, hacia prójimos indefensos, y cuanta ignorancia atrevida de un funcionario elegido promoviendo esos valores y asistiendo a los ritos que los consagran.
Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias aplicadas a este “buen cristiano”?