Se veía venir que el Gobierno dejaría sin efecto la reforma fiscal que con tanto interés promovía para incrementar las recaudaciones. En una atmósfera tan picada por el festival de alzas de precios de los artículos de primera necesidad, el mensaje que representó la oposición a los impuestos para financiar el actual presupuesto y con las protestas en Colombia, el Gobierno no se iba a exponer a cuquear las avispas.

Como se recordará, en octubre de 2020 el presidente Luis Abinader eliminó los impuestos al pago con tarjetas de crédito en el exterior, el gravamen a la regalía pascual, a los activos financieros, los servicios digitales y otros por la indignación que las cargas generaron en la población.

Lo hizo, no por cobardía, como algunos sectores pudieran interpretar, sino por sensatez. Antes que gravámenes la gente anhela la recuperación de las grandes fortunas amasadas a través de la corrupción. Y por lo visto ese es el camino que ahora exploran las autoridades para conectar con un segmento importante que cimentó la idea del cambio político en la esperanza de justicia contra el enriquecimiento producto del robo, el tráfico de influencia, lavado y otras prácticas ilícitas. Pero también para no exponerse a revueltas sociales y su consecuente y oneroso costo político.

Con escándalos de corrupción que apuntan a la impunidad, entre los que sobresalen los sobornos pagados por Odebrecht y la compra de los aviones Tucano, sería injusto que el Gobierno se aboque a una reforma tributaria en la que los más necesitados nunca salen ilesos. Hoy, con una Cámara de Cuentas tan bien ponderada y una procuradora general de la República que ha demostrado valor y competencia, además del equipo de prestantes abogados contratados para rastrear y recuperar los bienes sustraídos al erario las autoridades transitan por los senderos de la sensatez al engavetar el proyecto de reforma para pelear en los tribunales.

No es que un mandato constitucional como el pacto fiscal tenga que olvidarse. En algún momento habrá que abordar la adecuación del sistema sobre la base de un programa de desarrollo. Lo improcedente y hasta criminal sería elevar la presión tributaria sin tocar las millonarias fortunas acumuladas a través de la corrupción. La iniciativa podrá tener su efecto circense o populista, pero es lo que mandan las circunstancias hasta para satisfacer los deseos de una población hastiada de la impunidad.

Dejar sin efecto la improcedente e injusta reforma tributaria, como declaró el Presidente de la República, se corresponde con el cambio político que se ha predicado. Más todavía si se actúa, siempre con apego a las leyes, para recuperar el cuantioso patrimonio sustraído al erario a través de la corrupción.

Por: Luis Pérez Casanova
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