La crisis del sector eléctrico ha llegado a un punto sin retorno donde no es posible colocar más parches sobre un armatoste inservible que opera hoy, como cuerno de abundancia para algunos intervinientes y como chupacabras que devora gran parte del Presupuesto Nacional.

Ese barril sin fondo ya se tragó los 350 millones de dólares, consignados en la Ley de Gastos Públicos de este año, y requiere al menos otros US$ 500 millones, antes de que concluya 2010, para controlar un déficit financiero que amenaza engullirse hasta la propia gobernabilidad política.

El Gobierno no tiene dónde conseguir un solo dólar adicional para la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CDEEE), no sin causar efectos devastadores sobre la economía, las finanzas públicas y el servicio de la deuda externa.

Ante el desplome de la industria eléctrica a causa de los sobrecostos de producción, impuestos por contratos leoninos con productores independientes, el Gobierno se propone buscar hasta donde no hay, con fines de reunir los 500 millones de dólares que saciarán temporalmente el apetito de empresas generadoras de electricidad.

Para poder conseguir ese dinero, el Ministerio de Hacienda descontará el 20% de todas las partidas consignadas a instituciones centralizadas y reducirá drásticamente las apropiaciones asignadas para obras públicas vitales, lo que significa un freno al programa de reactivación de la economía.

A más de eso, el Gobierno utilizará los 130 millones de dólares que reportará la venta a Venezuela de una porción accionaria de la Refinería de Petróleo como completivo de esa deuda, así como otros 260 millones que ingresarían este año a través del acuerdo Petrocaribe.

Tanto sacrificio no reportaría ni un paso de avance en el sector eléctrico, pues ese dinero sólo sirve para saldar una deuda que seguramente será igual o mayor a la vuelta de algunos meses, porque las autoridades de la CDEEE no pueden o no quieren atacar el mal en su origen, que no es otro que los acuerdos onerosos que sirven de base a la operación de las empresas generadoras de electricidad.

En vez de impedir que por artificios legales o tramposería empresarial se eleve el monto real del costo de producción de un kilovatio/hora, la CDEEE centra sus esfuerzos sólo en incrementar la cobranza y aumentar la tarifa eléctrica.

Se sabe que materialmente es imposible incrementar los ingresos de las distribuidoras en más de un 90 por ciento, ni aumentar la tarifa de 26 a 34 centavos de dólares, única manera de alcanzar el equilibrio financiero de un sector que ya comenzó a devorar las extremidades de la gobernabilidad política.