Al tomar posesión para el periodo 2012-2016 Danilo Medina emitió un código de ética –que fue el primero en firmar- para los funcionarios de su gobierno, nombrando como responsable de su aplicación al doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho, que, por cierto, fue el primero en burlarlo con su declaración jurada de bienes.

Cuatro años después podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que se trató de un engaño más, como ha sido costumbre en los gobiernos del PLD pues cuatro años después más de dos mil funcionarios no han producido sus declaraciones juradas de bienes como lo establece el código ético, la Constitución y las leyes.

Más aún, la jefa de la Cámara de Cuentas, entidad que no sirve ni para cuentos, ha declarado que con lo que se han robado los funcionarios, de éste y otros gobiernos, supongo, se puede hacer otra República Dominicana, sin desempleo, sin hambre, sin mendigos en las calles, con educación, salud, energía eléctrica y vivienda para todos.

En un país como el nuestro, donde “hasta los pleitos callejeros los resuelve el presidente”, éste tiene que cargar con lo bueno y con lo malo. Como jefe de la administración pública, según la Constitución, es responsable de que esos dos mil y tantos funcionarios no hayan hecho declaración jurada de bienes. ¿O no?.

Una nota de la dirección de prensa del Palacio Nacional señala que “el Código de Pautas Éticas obliga que a más tardar en 30 días de asumir el cargo cada funcionario presentará su declaración jurada de bienes, deberá estar dispuesto a demostrar “el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de una autoridad competente”. (¿?).

Los funcionarios debieron comprometerse “evitar mi participación personal y la de los servidores bajo mi responsabilidad, en la toma de decisiones en asuntos donde puedan existir conflictos de intereses suyos o de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad”, (¡Cuánto cinismo!) Los hermanos, primos, cuñados y demás familiares del presidente están nombrados o reciben algún beneficio del Estado.

Según la nota oficial, se “instituye el rechazo tajante de dádivas, regalos, incentivos o beneficios privados de forma personal o a través de terceros a cambio de algún tipo de servicio, compras o contrataciones de parte de un funcionario público.” (El presidente aceptó cientos, tal vez miles de millones del sector privado durante la campaña electoral).

“El código de ética tiene 18 puntos y uno de los más importantes, el número tres, establece que el Presidente y los miembros de su gabinete se comprometen a administrar los bienes del Estado con honestidad; equidad, eficacia, transparencia y realizando un trabajo en armonía con los intereses estatales y la sociedad,