Desde que asumió el poder, el presidente Luis Abinader ha tenido que cargar con el estigma de gobernar para los ricos. Y todo porque en el gabinete había figuras como Lisandro Macarrulla, vinculado al consorcio al que se le concedieron 495 mil metros cuadrados, no en la presente administración, para el ambicioso proyecto de desarrollo turístico y urbanístico de Sans Soucí. La relación con el poder de Macarrulla y el grupo del que forma parte no comenzaron en este Gobierno, sino que datan de otros períodos.

Como a Abinader no se le puede acusar de indiferente ante los escándalos de corrupción, practicar el nepotismo o fomentar el clientelismo se ha tratado de malquistarlo, con el sambenito de gobernar acompañado de ricos y para los ricos, con la gente que lo catapultó, ninguneada por funcionarios engreídos, y con un sector de la opinión pública que esperaba una revolución social.

Hay que señalar que, antes que tomar medidas que favorezcan a los más pudientes, esta administración, por sensibilidad y prudencia, se ha decantado por proteger a las clases más vulnerables a través de subsidios para la alimentación y los servicios.

Los fideicomisos, alianza público-privada y hasta los voluntariados que, como en el caso de los hospitales se han creado para preservar equipos y garantizar los servicios, han sido denunciados como signos de proyectos privatizadores.

Pero de ese supuesto peligro habla gente que solo hace coro, incluso bien intencionada, y otros que por pudor deberían guardar silencio.

El único proyecto concreto de privatización que se barajó el fue de las distribuidoras de electricidad, pero ni siquiera Punta Catalina, que, como se recuerda, estuvo en la agenda para venderse en la pasada administración, ha estado en esa esfera.

Esta administración, que no llegó al poder en la cresta de una ola de izquierda, tiene sus tecnócratas, pero también sus políticos. Cuesta aceptar como de ricos un Gobierno con funcionarios de la estirpe de Milagros Ortiz Bosch, Max Puig, Pavel Isa, Miguel Ceara Hatton, entre otros, y hasta con un presidente cuyo padre fue ministro del coronel Caamaño.

Si el privado es el único que está en capacidad de ejecutar proyectos tan importantes como el de Sans Soucí, está bien que lo haga. Peor sería detenerlos por pruritos ideológicos o intereses políticos. Lo que no puede darse son operaciones como las que despojaron al Estado de los ingenios del CEA y las empresas de Corde a nombre de una capitalización que resultó un negocio al estilo capaperros. Suerte que Abinader ha sido lo suficientemente cauto como para no volcarse con acciones populistas en oposición al estigma de gobernar para los ricos. El reto es crear empleos y no dar dádivas.