Danilo Cruz Pichardo
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El presidente Luis Abinader, en alocución reciente dirigida a la población, anunció que no someterá reforma tributaria. No cabe ninguna duda que el Gobierno lo que hizo fue recular en torno a un proyecto que había sido informado por más de un funcionario, empezando por Lisandro Macarrulla, sobre el cual se buscaba consenso a través de un diálogo en el que han participado representantes de los más diversos sectores.
Si partimos de la situación económica hay que reconocer que nunca como en estos momentos se correspondía realizar una reforma que matice un conjunto de distorsiones y desajustes que se observan en gastos estatales.
El no hacer esos correctivos contribuye a profundizar la problemática, porque la prolongación genera más déficits y posiblemente se continúe con la carrera de los empréstitos internacionales.
La pandemia del coronavirus ha provocado una crisis mundial, la cual se expresa con encarecimiento de bienes y servicios, escasez y desabastecimiento.
Todas las potencias atraviesan por una situación que no había sido tan desafortunada durante décadas.
No es una actitud seria politizar el encarecimiento de productos y servicios, porque nuestra economía no es independiente a la de los países del mundo.
Sin embargo, la forma en que el Gobierno concebía la reforma no era ni viable ni aceptable, porque solo afectaba a las clases media y baja, mientras los poderosos gozan de exenciones y facilidades de todo tipo. Se trata de un tema que el presidente ni siquiera menciona.
El Estado tendría un ahorro significativo si quita los privilegios a los empresarios, a los legisladores y funcionarios públicos, incluyendo a los del cuerpo diplomático.
También eliminando instituciones innecesarias y suprimiendo el presupuesto a los partidos políticos, reformando la ley previamente. Allanar múltiples fuentes de ahorro debería ser el tema del diálogo nacional.
La situación económica aconseja a una reforma, que se focalice en correctivos de distorsiones y donde se ponga a pagar a los poderosos, jamás al pueblo.
En la forma en que se diseñaba desde palacio pudo haber generado estallidos sociales, porque todo se encarecería, empezando por los alimentos, y es la razón por la que el presidente de la República reculó. No fue otra.
