Catorce años de gobierno del PLD han plasmado su filosofía al frente de la administración pública: desarrollo, deuda y pobreza. Basta con leer el más reciente informe del Banco Mundial, titulado “¿Rentas o Reformas? La economía política del desarrollo en República Dominicana” (Octubre, 2014), para comprender y entender la grave situación institucional de gobernabilidad que vive el país.

En adición al deterioro progresivo de las finanzas públicas, lo más delicado ha sido cómo la corrupción y la impunidad han debilitado el sistema político, bajo un esquema de blindaje constitucional que procura la instauración de una corporación con fines de garantizar y proteger solo a quienes hoy exhiben grandes fortunas luego del paso por el poder, sin ningún tipo de justificación.

En definitiva, la impunidad es una política de Estado bajo el PLD, administraciones caracterizadas por «cuellos blancos» y manejos turbios, como la SunLand o el control de todos los poderes incluyendo el judicial, sistema corrompido que ha llevado a que fiscales, jueces y acusados sean del mismo partido. Esto bloquea cualquier intención, como la del Procurador, pues los jueces tienen órdenes de blindar la impunidad y de «no tirar piedras hacia atrás».

Como si lo anterior no fuera poco, el incremento de la delincuencia, la presencia cotidiana del crimen organizado, en escenarios nunca antes vistos, como el asalto a la Cárcel de Najayo, o el atentado en el Metro de Santo Domingo, o el sabotaje a las redes eléctricas, amenaza cada día a la convivencia pacífica de la mayoría de los dominicanos.

La impunidad ha llegado a su límite. Los únicos vientos que soplan son los de la indignación y el hartazgo de un sistema que para la mayoría de los dominicanos se traduce en miseria, la gota que terminará de colmar la paciencia, el origen de un despertar que permitirá recuperar el contrapeso, la democracia y la institucionalidad. Es hora del cambio.