Como niño al que despojan de su juguete preferido, el Gobierno luce desconsolado porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha limitado el monto de financiamiento para el Presupuesto General de la Nación correspondiente al 2011, que será de 96 mil millones de pesos, unos 18 mil menos que el tope en el ejercicio presupuestal de 2010.

Además de ese recorte, se consagra la obligación de trasferir al Banco Central unos 18 mil 500 millones de pesos para engrosar el fondo de recapitalización de esa institución y posiblemente otros diez mil millones para completar un seguro faltante en el completivo del déficit operativo del sector eléctrico.

El Gobierno tendrá que amarrase de pies y manos en términos de ajustes en el Gasto Público para poder alcanzar la meta de reducir el déficit fiscal en 2011, de 2.4 a 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como ha pactado con el FMI, toda vez que no podrá acudir al endeudamiento externo ni interno más allá de la línea señalada por ese gendarme.

Hasta donde se tiene conocimiento, una reforma fiscal no figura en la agenda oficial ni tampoco ha sido sugerida o permitida por el Fondo Monetario, por lo que las autoridades están compelidas a cubrirse hasta dónde alcance la sábana.

Para conseguir algún alivio financiero en 2011, el Gobierno tendrá que mejorar sustancialmente su eficiencia en la administración tributaria para incrementar las recaudaciones y disminuir evasión fiscal, aunque ello signifique en la práctica incrementar los niveles de presión fiscal, camino objetado por el sector empresarial.

El mejor remedio para agenciarse recursos figura en el propio recetario oficial y consiste en enfrentar por vía de la prevención administrativa y persecución penal toda forma de corrupción en el sector público, lo que sin dudas permitiría ingresos adicionales casi en la misma proporción que los conculcados por el programa de ajustes del FMI.

La aplicación estricta de la Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, servicios y concesiones, que garantice principios de igualdad, transparencia, publicidad, libre competencia, economía, equidad, flexibilidad, responsabilidad y moralidad en todos las operaciones en que intervenga el Estado, ahorraría muchos miles de millones de dólares y pesos que hoy se pierden en alcantarillas de corrupción.

El sobre ajuste que aplica el FMI debería convertirse en excelente oportunidad para que el presidente Leonel Fernández disponga cerrar todas las compuertas del dispendio y de posible prevaricación, en el entendido de que recurso del endeudamiento no podía durar para siempre.