Estados Unidos insiste en erigirse en censor del mundo sin permitir que se ausculte su propia viga, al pretender juzgar, pero rehúsa someterse al fuero de cortes internacionales penales y de derechos humanos.

Es así como el Departamento de Estado evacua otro de sus informes sobre lucha contra el tráfico de drogas en el hemisferio, sin que en ese escrito se aluda a progreso o atraso en programas estadounidenses contra lavado de dinero y consumo de estupefacientes.

Aunque Washington valoró lo que define como evidentes mejoras en la aplicación de la ley contra el tráfico de drogas en República Dominicana, ha advertido que el flagelo prevalece a causa de la corrupción endémica y grupos de interés del sector privado.

En ese informe se pretende redescubrir la isla Hispaniola, al afirmar que es aún un centro importante de tráfico de drogas, desde Suramérica a Estados Unidos y Europa, sin admitir que esa condición prevalecerá mientras exista en territorio continental un mega mercado del consumo de cocaína.

Las toneladas de drogas que cada año tocan territorio dominicano o haitiano se venden y se consumen como pan caliente en Estados Unidos, sin que a la comunidad internacional se le rinda ningún informe sobre las acciones que el gobierno de esa nación acomete para atacar el mal por el lado del consumo.

El sesgado escrito coincide con la visita del superintendente de Policía de Puerto Rico, José Figueroa Sánchez, quien proclamó la pronta detención del fugitivo José David Figueroa Agosto, supuesto narco que hace diez años escapó de una cárcel de Borinquen, sin haber sido nunca localizado por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

El Departamento de Estado denuncia el arribo a Santo Domingo de toneladas de drogas, pero jamás despeja interrogantes de cómo esas cargas penetran a territorio de Estados Unidos.

Ese informe tampoco refiere casos de bancos y empresas estadounidenses involucrados en blanqueo de dinero, por lo que de nuevo se insiste en que la viga propia es mayor que la ajena.