La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) ha dado un paso al frente al proponer un pacto fiscal “integrado, moderno y responsable”, que amplíe la base tributaria sin afectar la productividad, entre un conjunto de medidas para impulsar el desarrollo.

En verdad los distintos sectores ven la iniciativa como una necesidad para blindar la economía, pero la clase política rehúye el compromiso por temor a las consecuencias.

Desde que asumió el cargo el ministro de Hacienda, Magín Díaz, se ha enfocado en sondear a los líderes y círculos empresariales sobre la pertinencia y alcance de la reforma, pero sin avanzar la menor iniciativa concreta, porque para el Gobierno la estabilidad social es primordial.

Tras el masivo rechazo a un proyecto presentado a las cámaras legislativas, el presidente Luis Abinader dijo que bajo su administración la reforma solo se impulsaría de manera consensuada.

El pacto fiscal es una de las tres patas de la Estrategia Nacional de Desarrollo que consigna la Constitución. Las otras dos son el educativo y el eléctrico, las cuales tampoco se han acabado de aplicar. La educativa, por la resistencia de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el gremio que las autoridades han rehuido enfrentar, y el eléctrico por miedo a los reajustes en la tarifa y las protestas que se generarían.

Si bien el Gobierno ha logrado avances en la reducción de la deuda, respecto al porcentaje del PIB, y en la estabilidad de la macroeconomía, las recaudaciones resultan a todas luces insuficientes para abordar obras de infraestructura y mejorar algunos servicios.

La reforma fiscal se presenta como la vía más expedita para eliminar la dependencia de los préstamos internos y externos, que hoy solo en intereses consumen una buena parte del presupuesto.

Al plantear en presencia del presidente Abinader la necesidad de un pacto fiscal integrado, la ACIS retoma la discusión sobre un tema sensible y espinoso, pero importante.

El gremio estima que la reforma debe ampliar la base tributaria sin afectar la productividad; promover la formalidad y asegurar que cada ciudadano contribuya conforme a su capacidad. Aspectos como los concernientes al gasto no están exentos de discusión. Mientras, el debate está planteado.