Con la aprobación el jueves por el Consejo de Ministros del Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2019, se inicia lo que ha sido por tradición una discusión vaga y superflua en torno a la Ley de Gastos Públicos, que de todas maneras se aprueba en el Congreso tal y como es sometido por el Poder Ejecutivo.
El monto de ese proyecto presupuestal asciende a 931 mil 810 millones de pesos, con lo que el Gobierno pretende reeditar el pasaje bíblico de distribuir panes y peces entre dependencias e instituciones que claman por aumento en sus respectivas partidas.
Falta saber si en esa pieza se endosa un incremento significativo en los presupuestos de Salud y Justicia o si lo asignado a la Junta Central Electoral (JCE) alcanza para organizar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2020, a las que se agregan ahora las primarias abiertas o cerradas de los partidos y agrupaciones políticas.
En ese proyecto de Presupuesto se fija una reducción del déficit fiscal del Gobierno, de 2.2% a 1.7%, lo que se sostendría en un incremento de las recaudaciones en 0.4%, del PIB, equivalente a unos 16 mil millones de pesos, lo que significa intentar mejorar la eficiencia o presión tributaria, sin aplicar reforma fiscal.
En un entorno internacional matizado por guerras comerciales, incremento en las tasas de interés, aumento en el precio del petróleo, reducción a los correspondientes a materias primas como cacao, café, azúcar, oro, ferroníquel y plata, conforma una situación de incertidumbre para la economía dominicana.
A ese cuadro se agrega que 2019 será un año de intensa campaña electoral y de posibles brotes de crisis extrapartidaria, lo que se reflejaría en reducción de las inversiones extranjeras y domésticas, así como mayor presión a la estabilidad monetaria, a las metas de reducción fiscal y de control de inflación.
El Gobierno está compelido a concluir el año entrante el complejo eléctrico de Punta Catalina, lo que requiere una inversión mínima de 330 millones de dólares, así como suplir recursos para la continuación de la presa de Monte Grande, aun a espera de financiamiento del Banco de Desarrollo Centroamericano, entre otros compromisos de inversiones y gastos que presionan al endeudamiento y al déficit fiscal.
Es por eso que se reclama que el proyecto de Presupuesto sea objeto del más amplio debate público con la participación de todos los sectores de la sociedad, sin que de ninguna manera el Congreso Nacional vuelva a convertirse en sello gomígrafo del Poder Ejecutivo.
