Como innecesaria e impertinente se puede definir la polémica que sustentan el ministro de Salud Pública y el presidente de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud, porque los juicios emitidos por los contrincantes son irrelevantes y en nada contribuyen a mejorar las graves deficiencias del sistema de seguridad social.

El ministro Bautista Rojas Gómez sostiene que las ARS son intermediarias que no deberían existir, porque encarecen el sistema en desmedro de los afiliados, en tanto que el titular de la asociación que agrupa a esas empresas, José Manuel Vargas, emplaza al funcionario a dedicarse a bajar los altos índices de mortalidad materna e infantil.

En nada contribuye a mejorar la compleja estructura de la seguridad social que el ministro de Salud proclame que a las Administradoras de Riesgos de Salud sólo les interesa el dinero, o que ejecutivos de esas entidades denuncien que ese Ministerio tiene una alta nómina de empleados.

Lo que sí interesa saber es cuáles serían las vías de solución a problemas puntales, como el hecho de que diez mil pensionados del Seguro Nacional de Salud han agotado el presupuesto del plan individual de esa aseguradora estatal y, por consiguiente, quedan fuera del sistema.

Salud Pública y las ARS deberían procurar también que 79 mil padres y madres de afiliados a la seguridad social no sean excluidos, toda vez que las compañías intermediarias alegan que tienen una alta carga de enfermedades crónicas que atenta contra el equilibrio financiero del sistema.

Se sabe que el Senasa cubre una gama mayor de servicios a favor de sus afiliados porque distribuye entre ellos las ganancias que genera, pero las ARS privadas denuncian que esa aseguradora no se acoge al catálogo aprobado, a lo que atribuyen que se haya agotado el presupuesto del Plan Individual de Salud que cubría a 10 mil 500 pensionados.

Las aseguradoras privadas apuestan por el equilibrio financiero, como forma de afrontar los males medulares del sistema de seguridad social, en tanto que el Senasa cree en la necesidad de cubrir servicios por encima del limitado catálogo médico hospitalario vigente. He ahí el problema.

A lo que se aspira es a que se adopten fórmulas que eviten la descapitalización de las empresas administradoras de riesgos o prestadoras de servicios de salud, pero también que la seguridad social se convierta en derecho universal en vez de retroceder con la exclusión de los pensionados del Senasa o con las dificultades que tendrían casi 80 mi padres y madres de afiliados. Los insultos sobran.