Esta es la hora y el día en que ninguna autoridad oficial ni institución de las que velan por la libertad de expresión, se han referido a la indignante censura impuesta en República Dominicana a la venta y divulgación de la novela Memorias de una dama, por algún poder tan omnímodo que hasta la firma que editó la obra ha sido obligada a callar.

Esa novela (Alfaguara 2009), escrita por el autor peruano Santiago Roncagliolo, es una combinación de ficción y realidad que recrea tiempos de las dictaduras de Rafael Leonidas Trujillo y Fulgencio Batista.

Narra la historia de Diana Minetti, anciana millonaria y decadente que contrata a un joven y ambicioso escritor para que redacte sus memorias que deviene en revelaciones sobre los más sórdidos episodios del devenir político dominicano y de otras naciones del área.

Las Secretarías de Cultura y Educación, sociedades de bibliófilos, universidades, bibliotecas públicas, asociaciones o peñas de escritores, gremios de periodistas ni ninguna entidad no gubernamental han defendido el derecho constitucional a tener acceso a esa novela, sin importar su contenido.

Diana Minetti y otros ocho personajes de esa novela se convierten en presos de conciencia de quienes los han secuestrado o les impiden contar aquí sus historias de alucinaciones o de crudas realidades acaecidas durante décadas.

Reclamar que Memorias de una dama circule libremente en el territorio nacional debería ser una cuestión de principio para todo aquel que sepa aquilatar el valor y significación del derecho a expresarse libremente, más aún porque cualquiera podría sufrir la mordaza impuesta hoy a Diana Minetti.

La editora Alfaguara coloca su prestigio en entredicho al aceptar en silencio que se impida la divulgación de una obra de su catálogo.

Ante tal violación a la Constitución de la República, se reclama que el presidente Leonel Fernández ordene y garantice la libre circulación del libro Memorias de una dama. ¿O es muy poca cosa?