El presidente Leonel Fernández está compelido a cumplir o velar por el cumplimiento de su promesa de que no habrá vacas sagradas en torno a posible identificación de complicidades con José David Figueroa Agosto, apresado el sábado en Puerto Rico.

La palabra del mandatario ha quedado empeñada en el compromiso de enviar a los tribunales a funcionarios, militares, policías, empresarios o quien sea que pueda estar involucrado en la red criminal que se dice articuló aquí el capo boricua.

Esa promesa va dirigida a una ciudadanía harto incrédula que recibe con alivio la confirmación de la detención del capo boricua y de su compañera Sobeida Féliz Morel, pero que no alberga mayores expectativas de que mansos y cimarrones sean tratados por igual en un expediente de esa envergadura.

Llama la atención que sin que nadie preguntara o pudiera recabar la opinión presidencial en torno a la caída de Figueroa Agosto, la Oficina de Prensa del Palacio se apresuró a divulgar una información que atribuye al mandatario afirmar que aquí no habrá vacas sagradas en relación al caso.

Difícil es creer que un expediente sobre narcotráfico y lavado que ha movilizado a agencias federales y estatales de Estados Unidos y Puerto Rico, pueda soportarse sólo en el puñado de innombrables contra quienes el Ministerio Público ha presentado acusación de lavado de dinero por supuestas compras de residencias, apartamentos y vehículos.

Por la magnitud de las relaciones de negocios o complicidades que pudo articular aquí la red de Figueroa Agosto en diversos anaqueles del poder y de la sociedad, la promesa presidencial de que no habrá vacas sagradas no puede diluirse en ungüento de demagogia o en palabras que se las lleva el viento.

Un anterior expediente sobre narcotráfico y lavado a gran escala dejó sabor amargo en la población, pues el caso fue transferido a la jurisdicción de Estados Unidos sin que ningún santo local fuera desalojado de los altares.

El presidente Fernández ha de entender que ha contraído un compromiso con la sociedad dominicana de exhibir voluntad política para que sea sometido a la justicia penal todo aquel involucrado en la red de Figueroa Agosto, sin importar cargo, rango o distingo social.

Peor que el incumplimiento de esa promesa, sería que el mandatario permita que instancias políticas oficiales dentro o cercana a mandos militares, policiales o del Ministerio Público manipulen tan sonado expediente para excluir o incluir actores según mejor conveniencia.

El tiempo dirá.