Desde tiempos remotos, la humanidad, para poder sobrevivir, ha tenido que enfrentar una serie de siniestros, naturales unos, otros provocados por el hombre: Terremotos, ciclones, calentamiento global, inundaciones, sequias, aplicando las mejores prácticas para mitigar riesgos y daños.

Hoy día, una de sus luchas más constante es contra la corrupción. Esto así, por el impacto negativo que esta produce en la economía, la moral y el decoro de las sociedades.

En ese marco -nuestro país no es la excepción-, de ahí que, se hace imperativo el trabajo mancomunado Estado-Sociedad, debidamente planificado por un liderazgo incluyente, que permita obtener los resultados deseados.

Esa realidad, que nos envuelve a todos, requiere la colaboración efectiva y permanente de la ciudadanía a través de sus órganos de representación: (Sociedad Civil, Participación Ciudadana, Institucionalidad y Justicia y otros).

El Estado por su parte, dispone del Congreso Nacional, cuyas atribuciones son: “legislar, controlar y representar”; de la Cámara de Cuenta, que le toca: “controlar y fiscalizar los recursos públicos, los procesos administrativos y el patrimonio del Estado”; de la Contraloría General de la República, “órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo e inversión de los recursos públicos”.

En la medida que las entidades cumplan con el rol que les asignan la Constitución y las leyes, y unifiquen criterios en la aplicación de los procedimientos, la lucha anticorrupción tendrá mejores resultados.

La ventaja de que ambos sectores (Estado y Sociedad), se unan con el objetivo de minimizar la ocurrencia y los efectos del flagelo, radica en la seguridad de lograrlo; lo que significaría reducir significativamente, daños como la incorrecta ejecución del Presupuesto General del Estado, que ocasiona interrupción, retraso y encarecimiento en la realización de los proyectos consignados en el mismo.

En segundo lugar, el sacrificio económico de la sociedad que termina pagando el costo incrementado por causa de la corrupción. Además, sufre las consecuencias que provocan la demora en la ejecución de las obras, y, en muchos casos, la no realización de estas por insuficiencia de recursos.

De hecho, en la “Guía para la implementación de los principios de la Rendición de Cuentas de la Declaración de Asunción”, están las recomendaciones para una “Participación ciudadana activa”.

El texto recomienda a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), promover la unidad de todos los actores, a fin de fortalecer la veedurías ciudadana o auditorias sociales a la gestión pública. ¡Unámonos!