El jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ha expresado preocupación por el elevado número de menores envueltos en la comisión de crímenes y delitos, incluidos homicidios, robo agravado, atracos, violaciones y tráfico de drogas.

La alarma del jefe policial está avalada por un reporte que revela que siete muchachos murieron en una semana a tiros, pedradas o por ahogamiento a manos de adolescentes, lo que refleja una creciente violencia y delincuencia en ese segmento poblacional sobre el cual familia, Estado y sociedad parecen perder control.

Se mencionan los casos de un menor de 15 años que asesinó de un balazo a otro de 11 por una deuda de cien pesos; de un niño que ultimó a su compañero de una pedrada y de un adolescente que ahogó a un niño en sucesos que han consternado a barriadas y comunidades de provincias.

En la mayoría de las bandas que azotan barrios y sectores residenciales figuran menores de entre 13 a 17 años, por lo que con frecuencia Ministerio Público y tribunales se obligan a desglosar expedientes criminales para excluir a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley.

Se recuerda el caso de una banda de menores a la que se atribuye el asesinato de al menos siete taxistas, a los que robaban dineros y joyas para financiar parrandas de drogas, alcohol y sexo.

Gobierno, justicia y familia están compelidos a aunar esfuerzos para frenar tan peligrosa espiral de degradación juvenil, en el entendido de que afila cuchillo para su garganta una sociedad que permanece indiferente ante flagelo de esa magnitud.

A más de políticas públicas de protección al menor y para consolidar la institución familiar, se requiere modificar la ley penal para que el adolescente que actúa con discernimiento en la comisión de un crimen sea juzgado por tribunales ordinarios.

No más hipocresía ni demagogia.