Más que criticar al Gobierno por construir casas o apartamentos, la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) debería insistir en la necesidad de que el Estado diseñe y aplique junto al sector privado una estrategia a largo plazo para conjurar el déficit de viviendas estimado en más de 700 mil soluciones habitacionales.

Son muchas las obras de infraestructura que el Gobierno debería traspasar a contratistas privados, incluidos escuelas, carreteras, caminos vecinales, canales de riego e instalaciones deportivas, pero que son levantadas por agencias oficiales, lo que seguramente infla los costos, pero eso no disminuye el valor o la utilidad de la mayoría de esas construcciones.

Lo ideal sería que el Estado fuera, como requiere el presidente de Acoprovi, Fermín Acosta, un facilitador que promueva políticas públicas que incentiven al sector privado a construir viviendas económicas, aunque también los promotores de inmuebles deberían aportar algún sacrificio para que esos incentivos se reflejen en los precios.

Tal parece que Acoprovi no objeta la construcción de casas y torres con fondos públicos, sino que tales recursos sean puestos al amparo del sector privado en la seguridad de que disminuirían costos y precios, pero en adición a ese reclamo, la sociedad toda exige transparencia en todos los negocios en el que se involucre dinero público e iniciativa privada.

Durante los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer se construyeron miles de viviendas al amparo del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) y la Dirección de Bienes Nacionales, entidades que sustituyeron a un sector privado todavía en cierne en ese sector, pero muy activo en la alianza con el Estado en megaproyectos relacionados con presas, canales de riego y carreteras.

El Gobierno está en la obligación de promover con el sector privado o por sí mismo la construcción de unidades habitacionales para familias de menores ingresos y para la clase media, especialmente a través de incentivos fiscales o bonos hipotecarios, porque poseer un techo es un derecho constitucional que el Estado debe garantizar.

Numerosos proyectos habitacionales que cuentan con el incentivo de bonos o aporte de tierra por parte del Gobierno, no han sido concluidos por desavenencias entre promotores e instituciones oficiales u obstáculos burocráticos, lo que refleja la necesidad de aplicar leyes y mecanismos que garanticen una más efectiva unidad de propósito entre Estado e iniciativa privada.

Leyes como la referida al uso de recursos de los fondos de pensiones para construir viviendas a bajo costo requieren de mayor comprensión y transparencia, por lo que las diligencias de Acoprovis deberían estar centradas en consolidar ese tipo de alianza y disminuir sus celos cuando desde los litorales oficiales se levantan casas o torres, porque la enfermedad no está en la sábana.