La licencia otorgada el 30 de marzo de 2020 para la instalación de otra planta generadora de electricidad en el río Ozama mantiene en pie de lucha a los ambientalistas, quienes han elevado varios recursos en reclamo de que el permiso sea revocado. Pero también han anunciado una manifestación para impedir que la planta sea instalada, bajo el alegato de que se trata de un atentado al ambiente.

Aunque el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, ha garantizado que la resolución será revisada, los ecologistas advierten que a medida que pasa el tiempo el caso podría complicarse.

No hay que dar muchas vueltas para entender que solo por el uso de combustible cualquier planta eléctrica contrasta con la recuperación y saneamiento de la corriente acuífera que se han propuesto las autoridades.

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente señala que las autoridades enviarían un saludable compromiso a favor de la ecología con la revocación de una licencia que se otorgaría en violación de las leyes porque ni siquiera se llenaron todos los requisitos.

La entidad reclama que se revoque la licencia para la planta eléctrica, que dijo no es ni siquiera necesaria para aumentar la producción de energía.

El caso no debe ser materia de conflicto. Si perjudica al medio ambiente y obstruye la recuperación de un río que la contaminación ha convertido en una cañada las autoridades saben lo que se tienen que hacer. Y más con el compromiso con el ambiente que han enarbolado.