La falsificación de documentos públicos y expedición irregular de actas de nacimiento a ciudadanos haitianos, perpetrado por una banda que operaba en la provincia Peravia, constituye un caso alarmante y preocupante que compromete la seguridad e integridad del Registro Civil.

Los integrantes de ese conciliábulo criminal utilizaban identidades de dominicanos fallecidos para asignar nombres y apellidos a indocumentados extranjeros quienes quedaban registrados falsamente como ciudadanos de este país.

La fiscalía de Peravia anunció el apresamiento de seis personas relacionadas con la banda de falsificadores, al tiempo que persigue a María del Carmen Arias Castillo, exfuncionaria de la Oficialía de Estado Civil de Nizao, sindicada como cabecilla del grupo y quien habría viajado al exterior.

El fiscal Ángel María Tejada solicitó declarar el caso complejo porque afecta a una oficialía de Estado Civil, que considera “parte fundamental de la soberanía del país”, y no es para menos porque sólo pensar que otras dependencias del Registro Civil han sido vulneradas, pone los pelos de punta.

Sustraer o copiar actas de defunción de ciudadanos dominicanos para colocar sus generales en una identificación falsa que acredita a un extranjero como dominicano, plantea un ilícito penal muy serio y altamente peligroso, incluso para la seguridad nacional.

Se ha denunciado también que en algunos hospitales de maternidad se inscriben nacimientos de extranjeros en el libro de registro correspondiente a dominicanos, con lo cual se otorga de manera automática la nacionalidad a hijos de parturientas haitianas y de otras nacionalidades.

Se sabe que la Junta Central Electoral (JCE) ofrece colaboración en las investigaciones que realiza la Fiscalía de Peravia en procura de desmantelar la banda que trafica con documentos de fallecidos para venderlos a extranjeros, así como establecer el alcance de ese entramado criminal.

Corresponde a la Dirección del Registro Civil redoblar el blindaje a su base de datos e investigar a fondo la recepción y destino de las actas de defunción o nacimiento desde los cementerios y hospitales hasta las computadoras de todas sus oficinas en procura de prevenir o descubrir esa peligrosa modalidad de falsificación de documentos públicos.