Los problemas generados por los motociclistas, en el tránsito y la delincuencia, con el paso del tiempo se han convertido en un mal cuya gravedad adquiere ribetes de epidemia por cuanto se ha extendido a toda la geografía sin aparente solución a corto plazo y evidente inefectividad y/o tolerancia oficial.

Las estadísticas son harto elocuentes y cada vez más alarmantes, con énfasis en el porcentaje de fallecidos en accidentes que son motociclistas, el costo del servicio médico a lesionados en uso de este medio de transporte, las infracciones, como la violación de luz roja del semáforo, entre otras travesuras.

Según los indicadores de seguridad que maneja y monitorean los funcionarios del sector para el seguimiento semanal del comportamiento de la delincuencia, el 73,8 por ciento de los robos registrados se cometen en motocicletas y se sabe que en el sicariato este equipo automotriz es muy usual.

De acuerdo con cifras aportadas por las autoridades, a junio de 2023 el parque de motocicletas era de 3,173,928 unidades, líder del sector, con sostenida tendencia al crecimiento y con la percepción generalizada de que son, sino la cabeza, uno de los primeros violadores impunes de la ley de tránsito.

Este medio de transporte popular y asequible, tiene matices que obligarán a abordar posibles soluciones a los males provocados desde perspectiva de uso familiar, escolar, como mototaxi, en mensajería empresarial y de servicios de alimentación, entre otros, según esa diversidad con impacto económico y social.

La gravedad del caso y desbordamiento del control oficial desespera al pueblo, amerita ya de políticas públicas urgentes y efectivas, con dureza, que señalen real voluntad de encararlo con éxito, aunque en casi final de campaña electoral, antes del 19 de mayo, es improbable alguna acción coercitiva eficaz.