El Ministerio Público ha presentado ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional un  espeluznante expediente contra 16 implicados en el caso Operación Cattleya, entramado criminal que sometía decenas de mujeres al comercio sexual, un caso de proxenetismo que se replica en otros lugares del territorio nacional.

Se trata de una red que contrataba bajo engaño a jóvenes venezolanas y colombianas a las que les prometían conseguirles empleos en bares o restaurantes  de zonas turísticas en los cuales obtendrían buenos salarios y propinas, pero una vez bajo su control eran virtualmente secuestradas y sometidas a explotación sexual.

Los implicados promovían el servicio sexual de esas mujeres a través de catálogos, cuyos precios oscilaban a partir de cinco mil pesos la hora, ingresos  que aumentaban sustancialmente por la sobreexplotación que sufrían de estar hasta con 15 «clientes» en un día.

En esa estructura criminal más de 80 mujeres eran sometidas a estricta vigilancia en los lugares donde estaban hacinadas y llevadas diariamente a los lugares donde los «clientes» las requerían, en los cuales el proxeneta cobraba por el servicio, de cuyo monto descontaba honorarios por “comisiones”, servicios de transporte, pago de habitaciones,  comidas y  deudas ficticias.

Son muchas las bandas de proxenetas que operan  en zonas turísticas o que  ofrecen servicios de “delivery” en comercio sexual para lo cual subyugan mujeres reclutadas en el extranjero o en comunidades de provincias bajo el engaño de que obtendrían empleo bien remunerado.

Más grave aún han sido las constantes denuncias sobre centros de prostitución  ubicados en zonas frecuentadas por un turismo tóxico, en cuyos catálogos de explotación sexual figuran menores, razón por la cual las autoridades están compelidas a  desollar todos esos entramados criminales.

Se ha dicho que la prostitución no está prohibida por la ley, pero sí el proxenetismo, más aun cuando se trata de un crimen que incluye modalidades de secuestro o retención ilegal y explotación sexual de niñas y adolescentes, lo que debe ser perseguido con todo rigor y firmeza.

Es este el momento propicio para que Ministerio Público, Policía, organismos de inteligencia y  el orden judicial  aúnen esfuerzos para identificar y desmantelar todos los centros operados por bandas de proxenetas, algunos  abiertos en propias narices de las autoridades, que  además de tráfico de personas, también  trafican drogas y participan en  lavado de dinero. Manos a la obra.