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He leído en medios de comunicación una sola reacción favorable a la absurda resolución de la JCE relativa a eliminar el voto de arrastre en 26 provincias y preservarlo en 5, más el Distrito Nacional, como si en un país con el tipo de régimen de gobierno que al menos en teoría nos rige, sea posible establecer directrices legales que apliquen para una parte de la población.
Hasta abogados cuyo principal ejercicio gira en torno a la defensa del Estado y sus representantes, se han cuidado de no llegar al extremo de buscarle la vuelta a un adefesio de tal naturaleza.
El desprestigio profesional sería incalculable.
Ese rechazo casi unánime evidencia que desde el punto de vista jurídico la mostrenca decisión no tiene resquicios por donde pueda ser justificada con argumentos válidos.
El derecho fundamental de igualdad vulnerado no admite discusión. El carácter directo del voto consagrado en la Constitución es avasallante. El establecimiento de cuatro niveles de elección que ordena la Ley Electoral, artículo 92, con lo cual se separa la elección de diputados y senadores, es contundente.
La errónea interpretación del párrafo IV, artículo 104 de la misma Ley es innegable, porque se refiere a que por el senador ser representante provincial, se le adicionan los votos por su partido en todas las circunscripciones de su demarcación, lo cual no puede asimilarse a que el voto por un diputado sea al unísono por el senador.
Ante estos obvios mandatos constitucionales y legales, pese a la admitida confusión de los textos de las Leyes Electoral y de Partidos Políticos, ¿cuáles razones pudieron conducir a los integrantes de la JCE a suscribir una Resolución como la comentada, tan ostensiblemente ilegal?
La respuesta hay que encontrarla retrotrayéndonos a los hechos suscitados con anterioridad a esta decisión. Recuérdese que el PLD se opuso a la eliminación del arrastre. De ahí que, valórense como falsas las objeciones presentadas a la resolución por senadores que tenían pavor a concurrir al certamen sin el auxilio de candidatos a diputados.
Dada una oposición de tanta envergadura por proceder del Partido responsable de la integración de la JCE, ésta tenía problemas para tomar una decisión y optó por transitar un camino retorcido: Simular que erradicó el arrastre en la mayoría de lugares, cuando lo cierto es que lo mantuvo en territorios que representan 58% de la población electoral. Eso reviste enorme gravedad que expondré el próximo martes.
