SANTIAGO. Escaleras de hierro y escalones de cemento construidos de manera ilegal sobre las aceras, la falta de tapas de metal en imbornales y alcantarillas, construcciones sólidas en áreas comunes de residenciales, así como la ocupación de las áreas reservadas para los peatones, por parte de vehículos, motocicletas y negocios, son parte del desorden que prevalece desde hace años en esta ciudad.

De esta realidad, que se torna más visible a medida que pasa el tiempo, todos los que se ven en la obligación de caminar por esos lugares resultan afectados, pero nunca como las personas que carecen del sentido de la vista, o aquéllas con dificultades físicas que las obligan a desplazarse en sillas de ruedas.

Poco importa el lugar donde esas anormalidades viales persisten e incluso se incrementan. La situación es tan común sufrirla en sectores residenciales y barrios de clase pobre, como en el mismo centro de la ciudad.

Vamos por parte. La ley municipal es clara y precisa al momento de prohibir que los dueños de viviendas y establecimientos comerciales instalen obstáculos como escaleras de hierro para, desde las aceras, ascender a otros niveles de sus propiedades.

La mayoría viola la norma legal, porque en esta ciudad históricamente las autoridades casi nunca toman la iniciativa de evitar tal cosa y solo actúan (en contra de su voluntad) si los afectados reclaman de manera pública o privada evitar que se materialicen esas anómalas prácticas.

Y si el responsable de la ilegal instalación de la escalera es un “prominente líder” gremial, como Danny Minaya, presidente de la federación que agrupa a los denominados “moto-taxi”, entonces los inspectores de la Alcaldía ni para allá miran. Él decidió construir un segundo nivel en su sindicato y no le importó instalar la escalera en el mismo centro de la acera.

Ángel Espinal, director de la Asociación de Ciegos del Cibao, reclama el derecho que tienen los peatones a caminar libremente por esos lugares de la ciudad, máxime si son ciegos o andan en sillas de ruedas.

Refiere que a diario invidentes sufren las consecuencias de las escaleras de hierro o los escalones de concreto construidos de manera ilegal en las zonas de las vías públicas reservadas para los peatones.

A esos inconvenientes Espinal agrega el hecho de que es casi habitual que los no videntes se encuentren en sus caminos con alcantarillas e imbornales sin sus protectores de hierro, sufriendo caídas que provocan golpes y lesiones que motivan internamientos, como ocurrió recientemente a una joven que cayó dentro de un hoyo, fracturándose uno de sus pies.

“Penosamente somos parte de una ciudad a la que poco falta para que por completo se convierte en una zona donde a los invidentes e inválidos físicos nos eliminen nuestros derechos a usar las aceras”, declara Espinal con cierto dejo de tristeza.

En el casco urbano Santiago esa realidad desespera más a los transeúntes, porque es común encontrarse con vehículos y motocicletas estacionados en los espacios reservados para caminar y ni hablar de las mercancías que colocan los dueños de negocios, los buhoneros y dueños de colmados que ofertan sus productos en esas áreas, seguros de que no serán penalizados por las autoridades.

“Estamos ante una falta de conciencia de la ciudadanía pero, al mismo tiempo, a la reticencia de las autoridades para obligar a los violadores de las normas legales a que cumplan con las mismas, lo que hace tiempo se convirtió en un círculo vicioso”, entiende Ángel Espinal.

Dice que esta realidad persiste a pesar de que el 2 de mayo del 2013 se firmó un acuerdo entre la Asociación de Ciegos del Cibao la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), la alcaldía de esta ciudad y la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, a fin de que se permita a los peatones usar sin dificultad las aceras.

“La Amet y la CNTT han dado seguimiento a ese acuerdo, no así la alcaldía y estimo que se trató de un recurso propagandístico del alcalde Gilberto Serulle y esa realidad ha impedido que prevalezca la organización y el orden en las zonas afectadas”, considera.

En lo que respecta al aprovechamiento personal de áreas comunes de residenciales construidos por el Estado, también allí impera el desorden, lo que acontece sin que las autoridades intervengan.

En la urbanización Los Reyes, al norte de la ciudad y construida con edificios de tres niveles, poco a poco las áreas comunes, como parqueos y partes traseras, han ido desapareciendo para beneficio de algunos y perjuicio de la mayoría de sus residentes.

De poco han valido los reclamos de los afectados, tanto frente a los que se han adueñado de las áreas, como de las autoridades municipales a las que han llevado las quejas, pues de todas formas las expropiaciones de las áreas comunes continúan sin ninguna consecuencia legal para los invasores.