El allanamiento irregular ejecutado por un contingente de al menos 14 policías en un residencial de Sosúa, Puerto Plata, habitado por ciudadanos alemanes, que implicó la muerte a balazos de un residente y el robo de unos sesenta millones de pesos en dinero y joyas, constituye un escándalo mayúsculo que literalmente ha puesto a la ciudadanía con los pelos de punta.

Un juez de instrucción ha emitido orden de arresto contra tres coroneles de la Policía por su supuesta vinculación con el robo perpetrado en el residencial La Mulata III, donde los agentes cargaron con cajas de seguridad y artículos de valor que encontraron a su paso, en un atraco disfrazado de allanamiento, en el que se empleó violencia criminal.

Todavía ayer la jefatura de la Policía no había ejecutado la orden de conducencia contra los oficiales requeridos por el Ministerio Público, aunque la fiscal de Puerto Plata afirma que ha recabado abundante pruebas o evidencias que comprometen la responsabilidad fiscal de quienes acometieron y ordenaron esa acción.

La Fundación Institucionalidad y Justicia ha reclamado que el presidente Danilo Medina intervenga a la Policía, aunque a lo que se aspira en lo inmediato es a que todos los agentes y oficiales que intervinieron en ese bochornoso suceso sean sometidos a la justicia civil a los fines de que se apliquen severas condenas.

La Fiscalía imputa a los policías ultimar a balazos al ciudadano alemán Peter Ebert Demetrick, y herir de gravedad al jardinero haitiano Rigaud Petit Frere, a quien dejaron desangrar por más de media hora, antes de que otro contingente lo trasladara al hospital. Es obvio que en ese allanamiento ilegal hubo clara intención de matar y robar.

Se ha señalado que en vez de 14 o 16, el número de implicados llegaría a veinte, por lo que se pide a la jefatura policial disponer la simple traducción a la justicia de todos los oficiales, clases y alistados mencionados en ese bochornoso caso, que en ningún modo debe limitarse a simples sanciones disciplinarias, sino a ejemplares condenas penales.

Falta aún que el Ministerio Público recupere la totalidad del dinero, joyas y otros bienes robados por el contingente policial, que las víctimas estiman en unos sesenta millones de pesos, que fueron distribuidos entre asaltantes y mandantes.

El jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, tiene su primera gran prueba de fuego en el compromiso de identificar a todos y cada uno de los oficiales y agentes que participaron directamente en este acto de barbarie, así como a cualquier otro que sin estar en la escena del crimen puede ser señalado en distintos grados de complicidad o inobservancia.

La población no espera otra cosa que ver en el banquillo de los acusados a todos los implicados, sin excepción y sin importar rango o ascendencia, pues ese escandaloso suceso no solo representa una mancha para la Policía, sino también un motivo de vergüenza e indignación para la sociedad dominicana.