Por instancia del Centro Robert Kennedy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya jurisdicción no reconoce Estados Unidos, ha emplazado al Gobierno dominicano a otorgar cédula de identidad personal a 48 personas de ascendencia haitiana y a sus 32 hijos y evitar que sean deportados del territorio nacional.

Como si fuera un apéndice de la muy influyente entidad estadounidense, la CIDH ha reclamado que a esas personas se les garantice el acceso a servicios básicos, como educación y salud, hasta tanto el organismo supranacional se pronuncie sobre un aspecto jurídico íntimamente vinculado con la soberanía del Estado dominicano.

El Centro Kennedy ha denunciado que la Junta Central Electoral pretende desnacionalizar a 22,673 ciudadanos de ascendencia haitiana, 14 de los cuales figuran entre las 80 personas que exige les sean entregados documentos de identidad. También ha dicho que la JCE envío esos expedientes a la dirección de Migración para su posible repatriación.

Resulta que Migración no ha recibido ningún expediente por parte de la Junta Central Electoral, que también ha desmentido que niegue la expedición de cédulas o certificados de nacimiento a personas que reivindican la nacionalidad dominicana, porque cualquier situación contenciosa debe ser resuelta por los tribunales de la República.

De nuevo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se coloca al servicio de intereses de grandes metrópolis y contradice su obligación de asesorar a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto al delicado tema de los derechos humanos, que en el ámbito migratorio se viola de manera consuetudinaria en Estados Unidos.

Esa comisión y la propia Fundación Kennedy carecen de calidad para imponerle a República Dominicana un tipo de normativa jurídica que contradiga su constitución, en este caso sobre el tema de la nacionalidad, claramente definido en Capítulo V, Sección I, de la Carta Sustantiva.

Los ciudadanos de cualquier ascendencia que consideren que su derecho a sustentar u optar por la nacionalidad haya sido lesionado deberían acudir por ante los tribunales o cortes de la República, tal y cual ocurre en Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Haití, sin que ninguna instancia imperial pretenda imponer designios o divulgar la falacia sobre la prevalencia aquí de comunidades apátridas.

El Gobierno está compelido a rechazar con todo vigor esta renovada ofensiva imperial y proclamar a los cuatro vientos que República Dominicana es un Estado libre y soberano que respeta los derechos de nacionales y extranjeros, pero que no acepta intromisión ni imposición foránea que no sean aquellas derivadas de auténtica fuente del derecho internacional.