El sometimiento a la justicia de un consorcio empresarial por la comisión de supuesto fraude fiscal por más de cuatro mil millones de pesos desnuda la magnitud de una extendida evasión tributaria que lesiona al ingreso público, a la competitividad, al consumo y a la economía global.

A los tribunales de la República les corresponde ponderar los méritos de la acusación formulada por la Dirección de Impuestos Internos contra el grupo empresarial Tremols, así como las pruebas de descargo que presentarían los encartados, pero se adelanta que la acción cuenta con el respaldo de la sociedad.

Los niveles de evasión de impuestos en República Dominicana superan la media de América Latina, lo que además de una extendida práctica desleal empresarial o de comercio, constituye una infracción de carácter criminal que el Estado está obligado a combatir.

La evasión y elusión fiscal se erigen también en ásperos obstáculos en el camino hacia el anhelado estadio de equidad económica y social, porque ese grave ilícito penal impide que el Estado disponga de los recursos necesarios para promover crecimiento e inserción.

En vez de encaminar una reforma fiscal amplia e integral, el Gobierno apostó por mejorar la eficiencia tributaria, lo que ha representado un significativo incremento en los ingresos públicos, pero aun así los niveles de evasión superan el 40% en referencia a las recaudaciones posibles.

El Sistema Tributario Nacional adolece de severas falencias que alientan inequidad, discriminación o privilegio, que a su vez se expresan en otorgamiento de exoneraciones y subsidios a empresas o entidades jurídicas que compiten en mercados globales o restringidos con significativas ventajas.

La mayor distorsión del mercado y afectación hacia los consumidores y el propio Estado, lo constituye la evasión y elusión de tributos y aranceles, inaceptable forma de enriquecimiento ilícito o de lavado de dinero, que las autoridades están compelidas a enfrentar con la mayor determinación.

Sin emitir juicio de valor sobre la responsabilidad penal de los encartados en ese expediente por evasión de más de cuatro mil millones de pesos, la sociedad alienta a la DGII, al Ministerio Público y al orden judicial a incrementar su cruzada contra ese tipo de ilícito penal que se expresa en robo del dinero público.