Si el Gobierno pensaba en un informe favorable al invitar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para evaluar el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, es obvio que el tiro le ha salido por la culata. En su informe, el organismo recomienda garantizar la dominicana a los descendientes de extranjeros que la habían adquirido antes de entrar en vigencia la Constitución y que ahora, tras el polémico fallo, quedarían en condición de apátridas.

La presencia y el trabajo de los comisionados estuvieron rodeados de controversias desde el primer hasta el último momento. En más de una ocasión tuvieron que aclarar que lo suyo no era una intromisión, sino que correspondía a una invitación del Gobierno, en su condición de signatario de la CIDH. El presidente Danilo Medina los recibió en su despacho del Palacio Nacional, pero los titulares del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, no observaron la misma actitud.

Ray Guevara alegó que la sentencia en cuestión se basta a sí misma, además de que la CIDH ya se había pronunciado contra la sentencia 168/13. En tanto que Rosario adujo que República Dominicana sería condenada de antaño porque el organismo, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) estaba prejuiciado. Cierto o no, la realidad es que el informe considera violatorio de los derechos humanos el fallo que niega la nacionalidad a los descendientes de ilegales nacidos en el país desde 1929 a la fecha.

Después de unas 3,994 entrevistas, la CIDH concluyó en que no se debe pedir a los descendientes de extranjeros que tenían la nacionalidad que se registren como extranjeros para poder gozar de sus derechos, además de recomendar al Gobierno que las medidas que adopte para resolver la situación sean generales y automáticas. La comisión estimó que el polémico fallo conlleva una privación arbitraria de la nacionalidad.

Para la entidad, la decisión, que ya ha tenido una repercusión negativa para la imagen del país, “tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente, y genera apátridas respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”.

La Comisión no obvió detalles en su informe preliminar. Destaca que durante su estancia de cuatro días en el país recibió “información profundamente preocupante” acerca de expresión de intolerancia contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos, legisladores, defensores de derechos humanos, figuras públicas e, incluso, “servidores públicos de alto nivel que han criticado la sentencia del Tribunal Constitucional”. Se está, por lo visto, ante una experiencia. Dulce o amarga.