Un tribunal, corte o instancia contenciosa investiga y se pronuncia sobre asuntos puestos a su consideración por vía de instancias dotadas de formalidades procesales, por lo que el libre albedrío de esas jurisdicciones siempre será de carácter restringido, sin conceder más de lo que las partes reclaman.

Es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó al Gobierno dominicano su anuencia para que una delegación de ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitara el país para indagar sobre denuncias de violaciones a derechos humanos en que se incurriría con la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre alcance de la nacionalidad.

El pedimento de la CIDH fue acogido por las autoridades dominicanas por lo que los comisionados realizan sus indagaciones sin ningún tipo de restricciones en todo el territorio nacional, aunque incurren en exceso al exigir audiencia con fijación unilateral de día y hora a jueces constitucionales como si se tratara de ministeriales de rango inferior.

En virtud de lo antes expuesto resulta extraño que en esa delegación se incluyera a la Relatora Especial para la Libertad de Prensa de la OEA, Catalina Botero, quien de inmediato ha sostenido visitas con ejecutivos de medios y representantes de diversos sectores para supuestamente indagar sobre “el estado de la libertad de expresión” en República Dominicana.

En esas calidades, la señora Botero solicitó una audiencia al director de El Caribe, licenciado Osvaldo Santana, quien declinó el pedido porque “resultaría bochornoso recibirla”. En razón de que en República Dominicana no está en discusión la existencia de esa prerrogativa constitucional, que además no está en peligro.

¿A qué vino la CIDH? ¿A investigar denuncias sobre holocausto civil o incendio migratorio? ¿O a determinar si aquí prevalece o no la libertad de expresión? ¿Qué es lo que realmente buscan esos procónsules? ¿Por qué esa comisión ha venido con una agenda oculta?

Hay razones de sobra para creer en el prejuicio de los comisionados de la CIDH, porque de otra manera no se explica la inclusión de una relatora especial para la libertad de expresión, un tema que no está contenido entre los objetivos de la visita solicitada. Es claro que la CIDH ha incurrido en un grosero exceso que desnuda sus intenciones.