Los siete favorecidos por la Corte de Apelación del Distrito Nacional con el pago de garantías económicas en el caso de la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos no saldrán en libertad, debido a que los montos impuestos -que oscilan entre a 3 a 10 millones de pesos-, son según sus abogados de imposible cumplimiento.

Eric Raful, abogado del principal acusado Leoncio Almánzar, a quien se le impuso el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos en efectivo, dijo que solicitará la revisión de la decisión porque su cliente no dispone de esa cantidad de dinero.

“Es una medida de imposible cumplimiento y no la vamos a pagar. Vamos a pedir su revisión”, declaró Raful, tras asegurar que, incluso, las propiedades de Almánzar se encuentran hipotecadas.

Manifestó que Almánzar no tiene ese dinero, lo que imposibilita que pueda pagar esa cantidad, por lo que anunció que buscará otras alternativas encaminadas a obtener su libertad.

Igual situación confronta el imputado Manuel Aybar, a quien la Corte le impuso el pago de una garantía económica de 5 millones de pesos.

Su abogada Manuela Orozco dijo que su defendido no tiene dinero y que, está enfermo lo que ha motivado su internamiento en la Plaza de la Salud.

En la mañana de hoy, ninguno de los imputados había pagado las garantías económicas, bajo el pretexto de que no tienen dinero y de que sus bienes siguen hipotecados.

Ayer en la madrugada, la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la medida de coerción de prisión preventiva a domiciliaria a siete de los implicados en el el caso, incluido el ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar, y declaró el caso complejo.

De inmediato, el Comité de Lucha por la Defensa del sector, protestó la medida frente a la Procuraduría General y advirtió que no se quedarán de brazos cruzados porque lo que se quiere es “revivir la impunidad”.

La nueva medida coercitiva consiste en prisión domiciliaria, pago de garantías económicas de entre RD$3 y RD$10 millones; uso de brazalete electrónico e impedimento de salida del país, según dispusieron los jueces de la Tercera Sala Penal, Juan Ignacio Camacho, Daniel Nolasco y Ramona Rodríguez.

Los siete imputados guardan prisión preventiva por tres meses en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, desde el 31 de julio, medida que les impuso el juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas.

Además de Almánzar están José de Pool Dominici; los hermanos Carlos y Julio Gómez, Manuel Aybar, Juana Inés Gómez y Domingo Lebrón.

Para Almánzar, de Pool Dominici y Carlos Gómez, la salida de prisión tendrá un costo en metálico de $10 millones cada uno, que deberán depositar en efectivo en la cuenta de la Procuraduría General; más $4,000 mensual por el brazalete electrónico, aparte de que no podrán salir del país. La garantía a pagar por Julio, Manuel y Juana Inés es de $5 millones cada uno; y Lebrón, $3 millones, además del costo mensual por el brazalete.

La colocación de brazaletes obliga a los imputados a movilizarse en una área determinada, por el tribunal.

La acusación del Ministerio Público en contra del grupo es de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad, uso de documentos falsos y desfalco.

UN APUNTE.

La revisión
Las interposiciones de recursos de revisión obligará a la Corte a conocer de nuevo el caso en materia de apelación, para determinar si procede dictar a favor de los imputados otras medidas que sean menos gravosas