Editorial

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El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ofrece la buena nueva de que  las  empresas  distribuidoras de electricidad han recuperado más de 250 millones de pesos como resultado del ataque frontal al fraude y resaltó el clima de confianza que se ha creado en el  subsector eléctrico propicio para que nuevas inversiones comiencen a fluir.

A más de culpar a  todos los sectores de la sociedad por lo que define  como maldición de la crisis eléctrica, el licenciado Celso Marranzini cree que lo peor ha pasado a juzgar por su anuncio de que  en 14 meses se sumarán más de 500 megavatios al  sistema de generación eléctrica, incluidos  108 producidos con gas natural.

Se resalta también que el  funcionario favorece realizar  auditorias de costos  a todas las empresas generadoras de electricidad, lo que seguramente redundaría en beneficio de las distribuidoras y de los usuarios.

Llama la atención que  en su comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio, el licenciado Marranzini no  trató el tema de la revisión  de los contratos  amparados en los cuales operan  empresas generadoras y productores independientes, que han sido definidos como  viles o contrarios al interés nacional.

No hay dudas de que  en la gestión de  Marranzini, las Edes han sido saneadas y mejorado su Índice de Recuperación de Efectivo (CRI), pero no se puede decir lo mismo  frente al sector generador, cuyas relación de negocios con la CDEEE ha sido  desigual en perjuicio del Estado, obligado a transferir  este año a esas empresas más de mil millones de dólares en subsidios.

Sin la revisión o mejor interpretación del mentado Acuerdo de Madrid que sustenta las operaciones de las empresas generadoras de electricidad y de convenios individuales con  operadores independientes, no parece posible o viable un rescate financiero o la inyección de más capitales  a la industria eléctrica.

A modo de ejemplo se menciona que  el cálculo  para la fijación de precios  se realiza sobre bases falsas, ilegítimas o ilegales, que dan   un valor final inflado, con beneficios mayores  para los generadores, en la medida que se incrementan los precios de los combustibles, tanto así que el kilovatio-hora  cuesta aquí el doble que en Puerto Rico, cuya estructura de  producción carece de generación  hidroeléctrica o de plantas alimentadas con gas natural.

Se ha dicho que  con solo controlar las importaciones y el suministro de derivados del petróleo usados por los generadores, la CDEEE se ahorraría unos 540 millones de dólares al año, casi la mitad del total que debe transferir el Gobierno para cubrir el déficit de ese consorcio estatal.

El licenciado  Marranzini  desaprovechó la excelente oportunidad  para proclamar ante el foro de la Cámara Americana de Comercio,  en el que estuvo presente el embajador de Estados Unidos, la imperiosa necesidad de revisar los contratos de operación de todas las empresas generadoras, que perjudican al interés público y anidan practicas  de comercio desleales.

El Nacional

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