Lo novedoso del informe anual de Amnistía Internacional sobre situación de derechos humanos en República Dominicana lo constituye la denuncia de que ha aumentado la violencia de género con un incremento de un veinte por ciento en el número de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, ex maridos o pretendientes durante el primer semestre de 2010.

Resulta verdad incontrovertible lo señalado en ese informe de que en la sociedad dominicana la violencia sexual se ha convertido en fenómeno generalizado y de que la mayoría de las mujeres víctimas de ese tipo de agresión e intimidación no reciben atención médica ni psicológica.

Las denuncias reiteradas sobre discriminación contra inmigrantes o de mentados crímenes ilegítimos, han sido enfrentadas por autoridades nacionales sin poder convencer a la comunidad internacional de que la masa migratoria haitiana recibe trato relativamente igual al resto de la población o de que se invoca el derecho a repatriar indocumentados.

En torno a la versión de que aquí se padece de una situación de violencia de género generalizada, al Gobierno no le queda otra que admitir esa realidad y comprometerse a aplicar políticas preventivas y disuasivas encaminadas a afrontar con toda firmeza crímenes y agresiones contra la mujer.

El informe de Amnistía Internacional sobre violencia sexual en República Dominicana se nutre de estadísticas oficiales e informaciones de campo suministradas por organizaciones no gubernamentales que describen un panorama tétrico con un incremento sostenido en el número de asesinatos de mujeres a manos de hombres despechados.

No se hable de civilidad en un país donde casi a diario se reportan crímenes o golpizas de mujeres a manos de maridos, ex esposos, amantes, pretendientes o de depredadores sexuales, sin que las agencias del Ministerio Público ni de la Policía den abasto para afrontar las miles de denuncias que elevan víctimas de maltratos o amenazas de muerte por razones de género.

La más de las veces, las mujeres agredidas o intimidadas son objeto de formas de humillación o discriminación en las instancias oficiales obligadas a recibir y procesar sus denuncias y querellas, al punto que muchos asesinatos se producen después que las víctimas han expuesto su situación ante fiscalía o policía.

El Informe de Amnistía Internacional referido a la creciente violencia sexual o de género constituye un motivo de vergüenza para Gobierno y sociedad, obligados a poner freno a esa espiral de crímenes contra las mujeres, y no esperar que por vía de una madre, hermana, hija u otro familiar la desgracia toque puerta y engrosen la creciente lista de feminicidios.