Desde que en noviembre del 2012 el Gobierno estableció un impuesto adicional de 2 pesos a cada galón de gasolina bajo el argumento de invertir lo recaudado en el mejoramiento del sistema vial del país hasta la fecha, se han recaudado más de 4 mil millones de pesos, de los que mil millones deben destinarse para sustituir vehículos chatarras.

Como esos mil millones de pesos no son del presidente ni de los empresarios del transporte sino de los contribuyentes. Sí, de usted y mío, entonces debe invertirse en vehículo a los que todos podamos tener acceso de una forma u otra.

Desde ya se ha desatado una voraz persecución de ese dinero. Todos quieren participar en el festín de los mil millones, desde choferes independientes, funcionarios públicos, compañeros del partido y empresarios del transporte, sin que nadie se detenga a plantear un plan que termine o minimice el caos en el tránsito de la ciudad.

Pero como ese dinero es de la población, lo correcto sería que el Gobierno lo use para sustituir las chatarras de la Oficina Metropolitana del Servicio de Autobuses (OMSA), que son los vehículos que usan los más pobres para transportarse.

Con ese dinero se pueden adquirir para la OMSA 150 autobuses nuevos con los que se transportarían diariamente un promedio de 300 mil trabajadores y estudiantes, en vez de regalarlos a empresarios del transporte.

Y que nadie que venga con el cuento de financiamiento a sindicatos, porque las experiencias pasadas revelan que nunca pagan cuando el Estado sirve de garante, además de que los dueños de los gremios dejan las matrículas a nombre de las entidades y nunca entregan el derecho de propiedad de las unidades a los conductores. O sea que los explotan con todo el salvajismo del más atrasado de los capitalistas.

En la capital hay alrededor de 50 mil chatarras, esos dicen los estudios, pero la verdad es que la solución del déficit de asientos no está en integrar más carros al transporte público sino procurar su colectivización.
Esa ha sido la solución en toda parte del mundo y República Dominicana no es, ni será la excepción.