La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, rechazó que no se le haya dado seguimiento a la querella que interpuso el empresario Carlos Gómez contra el exministro de Obras Públicas, Freddy Pérez, y varios socios, acusados de abuso de confianza y asociación de malhechores en la venta del edificio del Ministerio de Industria y Comercio en la avenida 27 de Febrero.
En ese sentido explicó que por el contrario el caso está siendo investigado por esa institución.
El abogado Julio Santamaría, representante de Gómez, reveló recientemente que en el caso también estaría involucrado un exfuncionario de Industria y Comercio, quien supuestamente habría recibido 3 millones de dólares para poder autorizar la compra del local de la institución, ubicado en la avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional.
“No es cierto que a la querella no se le haya dado curso. Esa denuncia la tenía el magistrado Franklin Céspedes, ahora la tiene en su mano otro fiscal, y lleva la ejecución natural de todos los casos, lo que pasa es que muchas veces los querellantes sienten miedo, sobre todo cuando se están dando cambios en otra jurisdicción, incluso yo particularmente los he recibido en dos ocasiones después que estoy aquí”, precisó la magistrada.
Aseguró que dicha instancia se está estudiando para determinar si la misma reúne las calidades necesarias para proceder judicialmente.
“La denuncia se está investigando y si de verdad procede, para que entonces de manera legal poder dársele una respuesta”, afirmó.
El empresario Gómez, que es representado por el abogado Julio Santamaría, alega que sus socios en el desarrollo del inmueble se apropiaron de lo que no le correspondía valiéndose de maniobras que constituyen delitos penales.
Santamaría sostiene que con ese dinero Freddy Pérez y sus socios Publio Silfa y Ramón Andújar emitieron varios cheques por decenas de millones de pesos a nombre de familiares, mientras que el señor Gómez no recibió su parte del negocio.
Reveló que cuando Gómez reclamó, tras la venta del edificio, Freddy Pérez alegó que el negocio no produjo ganancias porque tuvo que darle tres millones de dólares a un funcionario de Industria y Comercio para llevar a cabo la operación.
Por las declaraciones de Santamaría, el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, dijo que lo someterá a la justicia, luego de intimarlo mediante acto de alguacil para que rectifique las alegadas afirmaciones injuriosas que lo vinculan con la aceptación de un soborno en la adquisición de un inmueble hoy arrendado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Caso Capotillo
La Fiscal también explicó que continúa la investigación sobre la muerte de los dos comerciantes que fueron asesinados en el sector Capotillo durante un operativo llevado a cabo por la Dirección Nacional de Control de Drogas.
