SANTIAGO.- La Fiscalía solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, la solicitud de medidas de coerción contra 38 implicados en la poderosa red de ciberdelito desmantelada con la Operación Discovery.
La fiscalía de Santiago pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan de Dios Martínez Brito.
Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.
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Asimismo, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Estévez y/o Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.
Además de la imposición de 18 meses de prisión, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo. Los imputados formaban parte de una red que, utilizando medios electrónicos, cometió estafas multimillonarias, sextorsión y despojó de sus pensiones a cientos de ciudadanos estadounidenses, a través de una estructura que operaba desde Santiago, La Vega, Puerto Plata y Santo Domingo.
“Es una investigación que está abierta y que el Ministerio Público continúa levantando evidencias”, dijo Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago. Resaltó que los equipos de fiscales dominicanos investigan esta red hace meses en coordinación con organismos internacionales, “lo que indica que es una operación de gran nivel y con múltiples evidencias como el Ministerio Público ha venido presentando”.
Bonilla indicó que el Ministerio Público optó, en un ejercicio de objetividad, “por someter a los imputados que entiende tienen la vinculación suficiente para lograr medida de coerción y por supuesto algunos continúan bajo la lupa de la investigación”.
La Operación Discovery se desarrolló esta semana producto de una rigurosa investigación dirigida por el Ministerio Público con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, y con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
“Están dadas todas las condiciones que exige la norma para que se declare la complejidad del proceso, desde la pluralidad de víctimas, los tipos penales endilgados y la cantidad de imputados”, resaltó el fiscal Osvaldo Bonilla.
Indicó que el Ministerio Público posee múltiples evidencias de transacciones millonarias, alrededor de 30 vehículos de alta gama, armas de fuego de alto calibre, y más de 300 equipos electrónicos, incluyendo computadoras y celulares.
Basado en el cúmulo de evidencias recogidas en el curso de la investigación, el órgano rector de la acusación les imputa a los encartados los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4; el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código que instruye sancionar la estafa, en perjuicio del Estado dominicano y las víctimas de los Estados Unidos.
Además de estos delitos, en adición se le acusa a los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña de violación al artículo 66, párrafo V, de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
