Las fiscalías barriales parecen no entonar con la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana del presidente Luis Abinader y con su proyecto “Mi País Seguro”, iniciado el pasado 4 de junio en el barrio Cristo Rey como plan piloto y extendido a otros tres barrios de la capital y San Francisco de Macorís.
En Cristo Rey se ha logrado rescatar más de 800 armas ilegales que estaban en manos de civiles, las cuales fueron destruidas durante un acto encabezado por el mandatario.
No obstante a la importancia del proyecto presidencial para enfrentar la delincuencia y la violencia a los fines de garantizar la seguridad ciudadana, las quejas llueven a borbotones por el papel que juegan los fiscales en barrios como Los Guandules, La Ciénaga, Guachupita, Gualey, 24 de Abril, Capotillo y otros.
Son acusados de ser displicentes ante denuncias de ciudadanos por robos, atracos, amenazas, agresiones y tiroteos diarios. Éstos se resisten a emitir órdenes de conducencia para iniciar las investigaciones, mientras los policías en los cuarteles no actúan por la falta de una orden fiscal para detener a los denunciados o actuar en consecuencia. De esa manera, las buenas intenciones del presidente no bastan.
