En la República Dominicana tenemos la mejor Constitución, como norma jurídica suprema, que nos pudimos dar en el estado actual de la sociedad. Razonemos esa afirmación. Los dominicanos vivimos bajo un sistema capitalista pobre, atrasado y dependiente.

Y lo peor de todo es que no tenemos posibilidades reales de salir de esa calamitosa condición, salvo que se produzca un salto cualitativo en las condiciones políticas en que vivimos.

Nuestro sistema capitalista es pobre y muy pobre porque no hemos desarrollado las fuerzas productivas que nos coloquen en condiciones económicas para competir en el mercado internacional. No hemos alcanzado ni la calificación técnica adecuada de nuestros trabajadores ni el aprovechamiento deseado de la agricultura ni la industrialización necesaria.

Por tanto, nuestro atraso es evidente frente a las naciones desarrolladas. Y por ese atraso económico, arrastramos un lamentable atraso social, político e institucional.

También nos desenvolvemos bajo la hegemonía política de los Estados Unidos de América. Somos, en realidad, como ellos nos han llamado, su patio trasero. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer, en la toma de las grandes decisiones políticas, está limitado por el interés geopolítico estadounidense.
Esa realidad ha imposibilitado que surja una verdadera clase social gobernante, en sí y para sí, que es la burguesía, llamada a organizar y dirigir la sociedad capitalista. Lo que tenemos es una débil burguesía, convertida en clase social dominante, como nos enseñó el profesor Juan Bosch.

Ahí está la razón por la que nuestra débil burguesía no lucha por romper la hegemonía que la subyuga. Se conforma con las migajas que el poder extranjero le deja caer, y con el estrecho margen de decisiones que le permite.

Otra prueba de la incapacidad de nuestra burguesía está en que no ha sido capaz de establecer la separación que debe existir en el capitalismo entre las funciones del Estado y la Iglesia, respecto a la política y la ciudadanía, y la prédica religiosa y la feligresía.

Sin embargo, contamos con una Ley Suprema que, sin lugar a duda, es avanzada y progresista. Contiene un catálogo de derechos fundamentales envidiable y un sistema de garantías constitucionales que supera a la mayoría de las constituciones del mundo. Basta con leer los artículos 37 y siguientes para maravillarse. Y apuntalarlos con las garantías de los artículos 68, 69, 70, 71 y 72.

O reflexionar sobre los artículos 5, 6, 7 y 8, sobre la dignidad humana, la supremacía de la Constitución, el Estado Social y Democrático de Derecho y la función esencial de ese Estado. Hasta contamos con dos sistemas de control de la constitucionalidad: el concentrado y el difuso. Ahí está la fortaleza de la Constitución.