Aguas negras que brotan desde la Policía Nacional deben ser canalizadas hacia la planta de tratamiento de residuos penales de la Procuraduría General porque no es saludable confundir el programa de reforma policial con investigaciones y posibles sanciones de crímenes o delitos imputados a agentes policiales.
Se censura la decisión del ministro de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez, de suplantar al director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, cuando fue requerido por la Cámara de Diputados para que se refiera a la muerte de tres jóvenes detenidos en destacamentos de esa institución.
Vásquez justifica la ausencia del titular policial a una cita con la Comisión Permanente de Interior y Policía, que él había aceptado, porque el Ministro de Interior es su superior jerárquico, sin tomar en cuenta que al general Then le corresponde dar la cara por esos sucesos.
Llama la atención que el director de la Policía tampoco asistiera a una “rueda de prensa” convocada en el Palacio Nacional por el ministro de Interior y el comisionado ejecutivo para la reforma policial, el español José Vila del Castillo, durante la cual no se permitió a los periodistas formular preguntas.
Hay razones para creer que “los superiores jerárquicos” del general Then han dispuesto su “acuartelamiento” para que no pueda referirse a los casos definidos por la Procuradora General como actos de barbarie y tortura perpetrados en destacamentos policiales.
Posiblemente los miembros de esa comisión congresual desean escuchar de labios del director de la Policía detalles específicos sobre lo sucedido en el destacamento de Naco y las circunstancias en las cuales fallecieron dos personas previamente detenidas en San José de Ocoa y Santiago.
Anunciar el despegue tardío de la reforma policial no remedia hechos punibles, sobre uno de los cuales el Ministerio Público ha formalizado acusación contra agentes policiales y contra civiles, como tampoco ayuda la intención de desviar esas aguas inmundas hacia ocultos fregaderos.
Lo mejor sería que Interior y Policía permita que las investigaciones fluyan y que el director de la Policía diga con toda libertad lo que tenga que decir, porque al fin y al cabo, esos expedientes criminales ya están en manos del “Ministerio Publico independiente”.
