El extendido virus de la corrupción habría infectado ya al Ministerio Público, según un reportaje publicado hoy por el diario El Caribe en el que se afirma que fiscales adjuntos negocian por dinero excluir a personas de expedientes criminales o degradar el fardo de pruebas con el objetivo de que la acusación sea desestimada en los tribunales penales.

En esa investigación periodística se mencionan casos de prevaricación que involucran a magistrados de la Fiscalía de Santo Domingo Este, denuncia que también sostiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo que se afirma es que fiscales ofertan a imputados en infracciones tales como homicidio, robo agravado, narcotráfico, violación, abuso de confianza, falsificación de documentos y otros crímenes, excluirlos de los expedientes o procurar que sean liberados por insuficiencia de pruebas.

En ese tipo de prevaricación, que se denuncia como práctica generalizada en el Ministerio Público, podría encontrarse respuesta a la cotidiana pregunta del porqué delincuentes notorios y notables salen de prisión más rápido que el pestañear de un pollo.

Esa práctica corrupta quebranta el principio de igualdad de los ciudadanos ante la justicia, en razón de que por medio de artificios ilegales e inmorales se privilegia por dinero a determinados individuos frente a otros con idéntica responsabilidad criminal.

Más grave aún es que esa modalidad de extorsión o cohecho subvierte el papel del Ministerio Público de representante de la sociedad ante la ley y la justicia y garante de los derechos ciudadanos, en especial de las víctimas de crímenes y delitos.

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, está compelido a abrir esa caja de Pandora y expulsar del Ministerio Público a todas las lacras que ensucian la toga del fiscal, porque no es posible que los recintos judiciales se conviertan en mercados de venalidad y que delincuentes sean encargados de procesar a delincuentes.

La revelación de que fiscales ofertan por dinero excluir a imputados de expedientes criminales o degradar las pruebas para que sean liberados en los tribunales, descubre una llaga de corrupción que amenaza con gangrenar todo el cuerpo del Ministerio Público.