Al afirmar que el Gobierno trabaja para ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, no dejó de cargar el grueso de las violaciones a anteriores administraciones.

Aunque aclaró que el Gobierno tiene claro el principio de la continuidad del Estado, que también es base de la seguridad jurídica, Peralta Romero dijo que de 73 sentencias no ejecutadas solo cinco corresponden a la actual gestión y las restantes 68 a las del PLD.

Es censurable que se tenga que insistir en las violaciones o desacatos de decisiones del Tribunal Constitucional para que se diga que se toma carta en el asunto.

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La aparente reticencia para ejecutar las sentencias no solo vulnera la Carta Magna, sino que hasta rivaliza con el fortalecimiento del sistema institucional que promueve el presidente Luis Abinader.