Panamá, (EFE).- El Gobierno de Panamá defendió este miércoles la reciente adhesión al pacto de la ONU por una migración segura y ordenada y dijo que el tratado ni promueve la migración ni socava la soberanía de los Estados que los suscriben, tal y como denuncian sus críticos.

La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, reconoció en una rueda de prensa que ha habido “desinformación” por parte de ciertos sectores de la sociedad panameña sobre el alcance del pacto y afirmó que Panamá no está obligado a “revisar” sus políticas migratorias tras adoptar el tratado.

“Hay el mal entendimiento de que el pacto promueve las migraciones (…) El pacto establece como prioridad la búsqueda en los países de origen de un cambio en la situación a fin de que, en efecto, las personas no se vean obligados a huir”, explicó.

Más de 150 países firmaron este lunes en la ciudad marroquí de Marrakech el denominado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas (ONU), que está compuesto de 23 objetivos generales no vinculantes y que fue consensuado por la Asamblea General de la ONU en junio tras 18 meses de negociaciones.

Países sobre todo receptores de emigrantes como Australia, Italia, Israel y un numeroso grupo de los centroeuropeos, además de latinoamericanos como República Dominicana o Chile, se han retirado del pacto, mientras que Estados Unidos se opuso desde el principio.

De Saint Malo indicó que el pacto “es un logro de la comunidad internacional”, que consigue un “balance” entre la soberanía de los Estados y el derecho de los migrantes y que “promueve el intercambio de información” para regular los flujos migratorios.

“Hoy en día ningún país escapa del fenómeno de la migración. Todos los países del mundo son de una manera u otra país de origen, país de tránsito o país de destino, y a veces los tres”, apuntó.

Debido a su pujanza económica y a su estabilidad sociopolítica, Panamá ha sido en los últimos años uno de los destinos más elegidos por muchos migrantes de la región, principalmente venezolanos, colombianos y centroamericanos.

La vicepresidenta admitió que el Gobierno ha tenido que endurecer las medidas migratorias en los últimos tiempos para paliar la “presión” que estos flujos estaban generando en los servicios sociales panameños.

El año pasado, Panamá redujo de 180 a 90 días el permiso de estadía en el país como turistas de los ciudadanos de Colombia, Venezuela y Nicaragua; y empezó a exigir visa estampada a los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar al país, entre otras medidas.