El Ministerio Público denegará la entrega de certificado de no antecedentes penales a personas con casos pendientes por violación a la Ley de Tránsito, medida de restricción que procura desalentar la comisión de ese tipo de contravención o al menos que el infractor pague la multa que le ha sido impuesta.

Todo cuanto se haga para disminuir la elevadísima incidencia de violación a la ley 241 sobre tránsito terrestre será siempre bien recibido porque ese es el principal causal por el que República Dominicana figura entre las primeras naciones con mayor tasa de muerte por accidentes de tránsito.
El mentado papel de “no delincuencia”, que expide la Procuraduría General de la República, es documento de obligado uso o presentación para múltiples diligencias personales, tales como para optar por un empleo, realizar transacciones comerciales, solicitar créditos o visados en algunas legaciones consulares.

Miles de personas que solicitan la certificación de no antecedentes penales tendrían previamente que pagar las multas impuestas por violación a la Ley de Tránsito para poder obtener tan valioso documento que no es vinculante con ningún tipo de persecución penal. Se sabe de conductores que tienen pendiente de pago decenas de multas por diversas contravenciones, incluidas violaciones a la luz roja, manejo temerario o por conducir vehículos sin luz, placa o carecer de la licencia correspondiente, pero la ley no prevé forma efectiva de obligar a esos infractores a cumplir la penalidad.

Aunque la retención del señalado certificado a personas en colisión con la ley no significa el cese de la imprudencia y temeridad entre conductores, esa previsión ayudará a disminuir ese tipo de violación y, por consiguiente, en la ocurrencia de accidentes de tránsito, por lo que puede definirse como valioso granito de arena.

Se resalta como positiva iniciativa la gestión que realizara el Ministerio Publico para obligar a violadores de la ley 241 a pagar todas las penalidades pecuniarias impuestas por agentes de la Autoridad Metropolitana de Tránsito (Amet), pues si esos conductores carecen de conciencia cívica, lo mejor sería que sufran por el lado del bolsillo. Ojalá que otras instituciones del Gobierno procuren aunar esfuerzos con fiscales y policía a los fines enfrentar y castigar a quienes se creen dueños de calles, avenidas y carreteras y con su imprudencia se convierten en el principal factor de muerte y de ausentismo laboral.