En el conocimiento y aprobación del angustioso paquete fiscal, el Senado incluyó de contrabando un impuesto al retiro de dinero en efectivo en los bancos que afectaría directamente a miles de familias que viven de las remesas, implicaría un costo adicional para ahorrantes y depositantes y disminuiría la bancarización.

A pesar de que la Asociación de Bancos había acordado con autoridades monetarias y financieras grabar en un uno por ciento los activos productivos del sistema financiero, se pretende pasar por debajo de la mesa un tributo que induciría a la informalidad en la economía y distorsionaría al sistema financiero.

Las familias que reciben dinero de sus parientes en el exterior, que representan el 40 por ciento de la población, tendrían que pagar unos 13.5 millones de pesos cada día y 160 millones anuales, conforme cálculos hechos por las agencias remesadoras que estiman que por ese concepto de remesas se retiran por ventanillas bancarias unos 300 millones de pesos diarios.

Aún con el terrible impacto que ese impuesto tendría sobre sectores de menores ingresos, el Gobierno apenas recaudaría unos 600 millones de pesos y no RD$1,800 millones como estimó la Comisión de Hacienda del Senado, además de que su aplicación sería tortuosa y acarrearía mayor inversión tecnológica y burocrática de las entidades bancarias.

El gravamen del 1.0% sobre activos bancarios reportaría más de cuatro mil millones de pesos al Gobierno, por lo que constituye una locura pretender imponer otro tributo al sistema de banca múltiple que ya tendría una presión tributaria de un 50 por ciento, lo que se reflejaría en el aumento de los tipos de interés, disminución de las operaciones bancarias y reducción de rentabilidad.

Con ese palo acechao, el Gobierno y el Poder Legislativo pierden credibilidad ante el sector productivo y la población, porque ese impuesto al retiro de efectivos no fue discutido y ni siquiera informado a la banca comercial, a los fines de que siquiera pudiera informar a las autoridades el hecho cierto de que sus efectos son más nocivos que su beneficio.

Lo menos que se puede reclamar es que la Cámara de Diputados enmiende tan grave error con la exclusión de tal tributo que, además de crear un caos en las plataformas bancarias, succionaría de los bolsillos populares más de 300 millones diarios, sólo por los retiros de los chelitos que parientes en el exterior envían a sus familiares.

Es menester aconsejar al Gobierno a no aprovechar la difícil coyuntura económica para dar rienda suelta a su voracidad fiscal, expresada en ese intento de impuesto injusto y estrafalario, porque tanto da la gota en la piedra, que hasta le hace un hoyo.