El hecho de que la sociedad dominicana no se haya convulsionado por la revelación de que en la oficina de una jueza de Corte se detectó micrófonos ocultos colocados con el evidente propósito de espiarla, refleja un mal síntoma de desdén colectivo ante una grave agresión al Poder Judicial y a la institucionalidad.

La doctora Katia Miguelina Jiménez, de la Primera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, denunció que desconocidos instalaron en su despacho del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, equipos electrónicos para poder escuchar todas las conversaciones de la magistrada o de personas que las visitan.

Se trata de una denuncia comprobada y gravísima que puede ser la punta de un iceberg relacionado con un vasto espionaje a jueces y fiscales que manejan o investigan expedientes de índole criminal, pues nunca debe olvidarse que la doctora Jiménez es jueza de Corte penal.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, ha instruido para que esa denuncia de espionaje se investigue a profundidad y se extienda a todo el aparato judicial a los fines de poder detectar si en otros despachos de jueces se han colocado micrófonos ocultos.

La jueza Jiménez ha conocido y conoce en su tribunal de sonados casos sobre infracción criminal por lo que sobran motivos para que gente sin escrúpulos patrocine tan detectable acción de espiarla, lo que quizás se haya extendido a otros despachos del Poder Judicial y Ministerio Público.

Teléfonos de oficina o móviles correspondiente a funcionarios, periodistas, empresarios, políticos, jueces, fiscales, militares y policías son intervenidos por añejas corporaciones de espionaje que al parecer incursionan ahora en el servicio de colocación de micrófonos con los mismos vulgares propósitos.

Las autoridades no pueden ni deben minimizar la denuncia que ha hecho la jueza Jiménez; por el contrario, esa queja debe motivar una acción mayor contra una empresa criminal que por décadas ha generado grandes fortunas por medio de la comercialización del chantaje, extorsión y venta de información obtenida a través del espionaje.

Que no se alegue ignorancia.