La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) dispone de un millón de dólares para fortalecer la agenda de la comunidad de lesbianas gais, bisexuales y transexuales (LGBT), incluido la financiación en la campaña electoral a candidatos que apoyen esa iniciativa.
Tan insólito anuncio fue hecho por la representante de ese organismo extranjero, Alexandra L. Panehal, quien dijo que en la actual contienda comicial “hay algunos candidatos que representan la ciudadanía dominicana, incluidos los miembros de la comunidad LGBT, que serían beneficiados con parte de esos recursos.

La funcionaria reveló también que en 2015 la Usaid erogó un millón de dólares para “fortalecer los derechos de los LGBT y para financiar una Cámara de Comercio -inaugurada ayer- que aglutine a gais, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales.

Razones tendrán la Casa Blanca y el Departamento de Estado para otorgar prioridad en su política exterior a tan extraña agenda, pero pretender financiar en la campaña electoral a candidatos y partidos políticos que se adhieran a ese propósito constituye una grosera e inaceptable intromisión de Estados Unidos en asuntos de exclusivo fuero de República Dominicana.

La ley electoral, en su artículo 154 declara ilícito o ilegal cualquier tipo de financiación que reciban partidos o candidatos procedentes de gobiernos extranjeros o de agencias foráneas, lo que debería saber la representante de Usaid y la embajada de Estados Unidos.

Es por eso que se alienta a la Junta Central Electoral a adoptar las medidas cautelares que fueren necesarias para evitar que el Gobierno de Estados Unidos, a través de una de sus más connotadas agencias, intervenga en el proceso electoral, aun sea con el propósito de promover la agenda gay.

La representante de Usaid ha infligido una grave ofensa porque con el anuncio de que se entregaría dinero a candidatos o partidos, transgrede principios irrenunciables del Estado y del gentilicio dominicanos como lo es la defensa y respeto absoluto a la soberanía y la autodeterminación.
La Cancillería está compelida también a llamar la atención del ente diplomático estadounidense sobre esa pretendida intromisión que además de grosera, constituye una agresión gratuita a la democracia dominicana.