El asalto perpetrado ayer por tres individuos armados en el parque Mirador Sur contra un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y dos de sus familiares, es apena la punta de un descomunal iceberg de delincuencia e inseguridad que amenaza con hundir el precario sosiego ciudadano.

Lo sucedido al magistrado Julio Aníbal Suárez Dubernay y a dos hermanos suyos, despojados de sus pertenencias por delincuentes armados de pistolas, es suceso cotidiano en ese parque, donde mucha gente acude a ejercitarse en grupos para poder desalentar agresiones de forajidos.

No se exagera si se afirma que la delincuencia y la criminalidad han tomado por asalto al territorio nacional y virtualmente secuestrado a toda la población, que teme ser víctima de atraco, asalto, violaciones o cualquier tropelía en cualquier parte.

A modo de ejemplo del drama de la inseguridad ciudadana se menciona el caso del poblado de Boca Chica, donde residentes de cuatro barrios padecen la condición de rehenes de bandas de delincuentes que han convertido esos lugares en escenarios de enfrentamientos entre sí, con saldo de al menos un muerto.

En barrios populares, sectores residenciales, comunidades rurales o en cualquier parte, la gente teme salir de sus hogares de día o de noche ante la posibilidad de sufrir algún tipo de agresión por parte de pistoleros o de perder la vida en el peor de los casos.

Nunca se podrá entender por qué la mayoría de los sicarios, atracadores, asaltantes, violadores, narcotraficantes y otros delincuentes poseen la calidad de reincidentes, muchos de ellos con decenas de fichas delictivas, sin que nunca lleguen a cumplir largas condenas de cárcel o ni siquiera lleguen a habitar un recinto penitenciario.

Para colmo, todavía persiste la triste historia de delincuentes que persiguen delincuentes, por lo que con frecuencia, la ciudadanía nunca sabe cuándo el del uniforme de autoridad cubre la anatomía de un peligroso antisocial.

Una sociedad atormentada por la incontenible espiral delincuencial, reclama del Gobierno, voluntad política para perseguir al crimen; de la Policía y cuerpos militares, fumigarse a sí mismos y del Ministerio Público y Justicia, valor y responsabilidad para perseguir, procesar y condenar todo tipo de infracción criminal. Que no se hable más.