La defensa técnica de Alexis Medina Sánchez, principal imputado del caso Antipulpo, acusó al Ministerio Público de desacatar una orden judicial que le ordenó entregarle las pruebas concernientes a las incautaciones hechas a su defendido.

El abogado Carlos Salcedo adujo que a pesar de que se emitió una orden judicial el órgano acusador no le ha entregado las pruebas que le han solicitado.

“Ellos lo que nos han entregado es un lío de papeles inservibles, pero lo que nos interesa a nosotros que ellos tienen y que recogieron en las incautaciones no lo han entregado”, se quejó.

El 13 de este mes el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá de la revisión obligatoria a la red encabezada por Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y, a quien se le atribuye articular una mafia que malversó fondos estatales por más de 4 mil millones de pesos.

La revisión de la medida de coerción será conocida por el juez suplente del Tercer Juzgado de la instrucción, Pedro Imbert.

El juzgador decidirá si mantiene la prisión preventiva a los imputados o si se la cambia por una medida de coerción menos gravosa, como la prisión domiciliaria, impedimento de salida, presentación periódica o imposición de brazaletes.

Esta fue la primera operación anticorrupción de la gestión de la magistrada Miriam Germán en la Procuraduría General de la República, juntamente con los titulares de la Procuradurías de Persecución del Ministerio Público y Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes han llevado a cabo una labor tenaz contra los malversadores de los fondos públicos.

Por el caso guardan prisión los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis (preventiva) y Magalys Medina Sánchez (preventiva), a otros que tienen medidas de coerción son Francisco Pagán, Fernando Rosa, Aquiles Cristofer Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

En diciembre pasado el tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva, domiciliaria y presentación periódica para los imputados.